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Juan Hdez. Vigueras,
coordinador de la Comisión Tasa Tobin y Paraisos Fiscales de
ATTAC España, y autor del libro "Los Paraisos Fiscales",
desvela en esta entrevista las implicaciones mundiales de los
centros offshore y recuerda la ineficiencia de los organismos
internacionales ante ellos.
Entrevista por A.
Zarzuela, publicada en Cambio16, nº 1768,
octubre 2005
En lo que va de año han abundado las noticias
relacionadas con paraísos fiscales: desde la operación Ballena
Blanca de Marbella y Gibraltar en Marzo, contra el blanqueo de
fondos de la droga con registros de despachos de abogados y
detención de profesionales, hasta las más recientes sobre las
cuentas secretas millonarias de la familia Pinochet en la Banca
Rigg de Washington, donde también se gestiona en secreto la
fortuna que las petroleras transfieren al dictador de Guinea
Ecuatorial, según las investigaciones del Senado norteamericano.
Por no citar los juicios pendientes de Gescartera o el BBV. De ahí
el interés del libro Los Paraísos Fiscales de Juan Hdez.
Vigueras (colaborador de Cambio 16, miembro de ATTAC y uno de los
más firmes estudiosos sobre el tema), que será presentado el próximo
26 de Octubre por el periodista y economista Joaquín Estefanía y
Director de la colección, el catedrático Enrique Palazuelos, en
la Biblioteca Nacional de Madrid.
Para quien no ha leído el libro, le
resultará sorprendente el subtítulo de "Como los
centros offshore socavan las democracias".
Probablemente porque todo el mundo piensa que
los paraísos fiscales es una cuestión de países y territorios
de baja tributación, como suelen afirmar nuestros expertos
fiscales. Por lo general se ignoran sus implicaciones económicas
y políticas que están condicionando muchas de las decisiones de
los Gobiernos democráticos, aunque nadie lo afirme así de claro.
Según los cálculos de Tax Justice Network,
(la Red por la Justicia Fiscal), los centros offshore suponen una
perdida de unos 255,000 millones de dólares de ingresos fiscales,
una cifra que por cierto podría cubrir muchas necesidades básicas
de los subsaharianos, por poner un ejemplo. Mire el caso de
Alemania, hablamos de su déficit fiscal pero se olvida que junto
a las rebajas fiscales y los recortes sociales de Shröeder iba
una amnistía fiscal para la repatriación voluntaria de los
capitales alemanes escondidos en Liechtenstein y en Suiza.
Pero hoy es normal que los Gobiernos
traten de atraer capitales para crear empleo y desarrollo económico
en sus países...
Pero no bajando los impuestos. Eso es lo que
hay que cuestionar. La llamada “carrera hacia abajo” en la
fiscalidad nos es la solución sino el problema. Nos anuncian que
se va a rebajar el 35 % que tributan hoy los beneficios de las
empresas, pero ¿hasta donde rebajamos? Porque los resultados de
las reformas fiscales siempre concluyen en menos impuestos para el
capital y más impuestos sobre las nóminas y el consumo. Y estas
no son cuestiones de técnica tributaria sino una cuestión política
seria. Debería saberse que los bancos de las islas Caimán tienen
unos depósitos bancarios muy superiores a los Francia, aunque el
PIB de esas islas sea más de mil quinientas veces menor.
Como usted explica en su libro, en
buena medida la existencia y funcionamiento de los paraísos
fiscales son una consecuencia de la globalización de los mercados
financieros y de la búsqueda de la rentabilidad del capital en
unos mercados libres. Pero en algunas páginas, parece que VD.
echa de menos los controles estatales sobre los movimientos de
capitales entre países.
Solo intento explicar el origen de una situación
mundial nueva; pero para algún país en desarrollo esas medidas
le habrían salvado, como a Malasia en la crisis financiera del
Sudeste asiático. Lo cierto es que se suprimieron los controles
del Estado sobre los bancos y el dinero, en la última década
principalmente, sin que se estableciera una regulación
internacional sobre los movimientos de capitales entre países. Y
la falta de esa regulación hace que los paraísos fiscales
faciliten, por ejemplo, la expoliación de los países en
desarrollo por las corporaciones transnacionales como en el caso
de Angola, un país rico en petróleo pero en la cola de los países
pobres.
Porque el problema de fondo es que cada vez que
un gobierno democrático adopta decisiones se mira a las bolsas
para ver las reacciones de los llamados “operadores”
financieros, que son los que al final establecen las reglas,
porque el capital puede marcharse cerrando bancos, empresas y
creando más paro. De modo que esos refugios fiscales, que forman
parte de esos mercados globalizados, están sirviendo para
presionar a los gobiernos hacia una mayor desregulación de los
fondos de inversión o del funcionamiento de los bancos, aunque
dejen mayor margen para el blanqueo de los capitales de la droga o
la corrupción: porque además de exenciones de impuestos, los
centros offshore ofrecen menos regulaciones y máxima opacidad
para nuevos productos financieros, para sociedades y bancos
ficticios, como en el caso de Aruba, cuyo acuerdo con España
sobre intercambio de información fiscal es perfectamente inútil.
En su libro Vd. se muestra muy crítico
con el papel que están jugando los organismos internacionales
como el FMI, la OCDE y la Unión Europea porque realmente no se
cuestionan la existencia de los paraísos fiscales.
Así es. Comprendo que algún lector se pueda
sorprender por esas críticas porque en España las organizaciones
económicas internacionales tienen muy buena prensa. En primer
lugar, en los procesos europeos de integración financiera y de
armonización de la fiscalidad, la UE no se ha planteado nunca la
eliminación de los paraísos fiscales sino que los ha favorecido,
sobre todo con sus acuerdos bilaterales poco transparentes.
En cuanto a la labor del FMI, con las visitas
de sus expertos y los informes financieros sobre cada una de estas
islas y enclaves, la realidad es que está sirviendo para
homologar estos centros offshore otorgándoles respetabilidad,
mejorando aparentemente la información macro de su situación
financiera, pero no les exige que erradiquen el secreto bancario
ni que supriman las falsas sociedades instrumentales que sirven
para la evasión fiscal y la delincuencia. Y la OCDE fue la que
definió que es un paraíso fiscal con prácticas que perjudican a
los demás países, provocando fugas de capital. Pero ya está
demostrado que cambió su política contra los paraísos fiscales
desde que Bush llegó a la Casa Blanca. Ahora, a Jersey, Andorra,
Bermudas, etc., les considera como asociados en un nuevo programa
llamado Foro Global sobre Tributación para acordar no se sabe qué
reglas fiscales comunes; y nadie le pide a esta Organización que
explique qué ha sucedido con el proyecto de 2000 sobre la
competencia fiscal perjudicial, que pretendía terminar con los
paraísos fiscales antes de finalizar este año de 2005.
Tras los atentados del 11 Septiembre,
las evidencias de la vinculación entre los paraísos fiscales y
terrorismo internacional quedaron al descubierto, ¿se ha avanzado
en ese sentido?
No hay ninguna información solvente que haga
pensar en avance alguno. Y fíjese que a raíz de la tragedia del
2001 los EEUU parecía que ponían toda la carne en el asador. En
los últimos meses de 2002, el Subsecretario del Tesoro visitó
Liechtenstein con un mensaje fuerte para que dejaran de facilitar
la financiación de los terroristas islámicos, pero sin mucho éxito.
Porque la idea defendida por los EEUU y
aceptada por todos es no entorpecer los movimientos de fondos
financieros. Y los resultados de esa filosofía se ven claramente
como un ejemplo español como es el reciente Reglamento de
prevención del blanqueo, que elaboró el equipo del anterior
gobierno y el actual lo promulgó en Enero. Si leemos los artículos
3 y 4 del RD 54/2005, veremos que se admiten excepciones en la
obligación de identificación del cliente de las transacciones
financieras internacionales procedentes de un país de la UE o de
terceros países que pueden ser Liechtenstein, Mónaco, Suiza o
cualquier otro paraíso fiscal. Es decir, se deja esa puerta tan
grande abierta al blanqueo de dinero sucio de la droga o de la
financiación del terrorismo. Se hace un esfuerzo por consensuar a
nivel internacional las listas de organizaciones consideradas
terroristas y luego resulta que pueden libremente remitir dinero a
su gente en territorio español sin tener que identificarse.
Desde ATTAC y otras organizaciones
altermundialistas se han planteado diversas soluciones para
combatir los paraísos fiscales y sus efectos nocivos, pero casi
todas exigen del concurso y la toma de medidas de autoridades
nacionales o internacionales ¿Hay algo que puedan hacer por sí
mismos los ciudadanos, como consumidores, inversores, o
simplemente como tales combatir unos paraísos fiscales que por
definición son opacos, inaccesibles a la información, a veces
intangibles (espacios tecnológicos) y muchas veces lejanos?
Pienso que en la medida en que los ciudadanos
se conciencien más sobre sus consecuencias, habrá más
probabilidades de que este asunto entre en la agenda política.
Por ejemplo, en todas los escándalos como Gescartera, Enron,
Parmalat, Marbella, etc., relacionados con paraísos fiscales
aparecen siempre unas sociedades instrumentales, ficticias,
registradas en paraísos fiscales, que no son “empresas” como
se les llama ni cumplen los requisitos y las garantías que se les
exigiría si se constituyeran en territorio español; por tanto,
no hay razón para que sean reconocidas ante el ordenamiento español,
como se pide en el documento presentado al Ministerio de Economía
por Attac-España en Abril. En la reforma fiscal que se anuncia,
podría incluirse el no reconocimiento jurídico de esas falsas
sociedades, lo que sería una manera eficaz de prevenir la evasión
fiscal.-
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