Movimiento
Internacional por la Democratización de los Mercados Financieros
y sus Instituciones
OTRO MUNDO ES POSIBLE,
OTRO ARAGÓN
TAMBIÉN.
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Internacional por la Democratización de los Mercados Financieros
y sus Instituciones
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OTRO ARAGÓN
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EL
ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS (AGCS)
Y EL PELIGRO DE DESAPARICIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
SUMARIO El
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
Los pilares sobre los que descansa la OMC son los Acuerdos, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Estos Acuerdos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente contratos que garantizan a los países miembros derechos sobre el comercio y que, al mismo tiempo, obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites convenidos. Los principales sistemas de reglas vigentes para el comercio internacional entre los países miembros de la OMC son en la actualidad: -
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en sus siglas
inglesas); El sector de los servicios (sanidad, educación, turismo, etcétera) es el mayor y de más rápido crecimiento de la economía mundial. Aporta el 60 por ciento del producto total y genera altos porcentajes de empleo. La liberalización de los servicios no tenía un marco jurídico para su comercio internacional ni existía ninguna base jurídica para resolver los intereses en conflicto. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios-AGCS es un conjunto de normas multilaterales, firmada por los Estados miembro de la OMC, que rigen el comercio internacional de todos los servicios. El AGCS entró en vigor con la creación de la OMC en 1995, pero fue en enero de 2000, después de la cumbre de Seattle, cuando los miembros de la OMC iniciaron nuevas rondas de negociaciones para promover la liberalización progresiva de todos los servicios para el comercio internacional. La novedad de este Acuerdo no estriba en la liberalización y privatización de servicios (cosa que ya vienen haciendo muchos gobiernos europeos) sino en que otorga a este proceso un marco institucional, con compromisos formales que se aplican a todos los países de la OMC y a los que se subordinan las políticas nacionales y tratados internacionales existentes, sin fijar límites a la extensión y duración del proceso, hasta alcanzar la liberalización total y estableciendo unas normas que lo hacen irreversible en la práctica. Según la Organización Mundial del Comercio, las ventajas de la liberalización de los servicios al comercio mundial se pueden concretar en seis: -
eficacia en la prestación de los servicios como consecuencia de
una mayor competitividad; El resultado del Acuerdo es garantizar mayor certidumbre. Los consumidores y los productores pueden contar con un suministro seguro y con una mayor variedad en lo que se refiere a los productos acabados, los componentes, las materias primas y los servicios que utilizan, mientras que los productores y los exportadores tienen la certeza de que los mercados exteriores permanecerán abiertos a sus actividades.
El objetivo de la OMC es la promoción y expansión del libre comercio. Su interés directo en los servicios se basa en la necesidad de generar más beneficios (sobre todo para las empresas más aventajadas de los mercados internacionales) y no en la provisión de esos servicios. Por ello la OMC ve en los monopolios de los sectores públicos europeos, barreras a la expansión del comercio de servicios. A su favor juega que la propia Comisión Europea reconoce que liberalizar los sectores claves de los servicios es un "hecho natural", ignorando cada vez más numerosas opiniones contra esos acuerdos. Pero donde se produce un rechazo radical al AGCS es con respecto a los servicios públicos o prestados por el sector público: sanidad, pensiones, educación, cultural, transporte, telecomunicaciones, suministro de energía, agua, gestión de residuos, medio ambiente, etc. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios limita la capacidad de los gobiernos para ejercer políticas en favor del interés común. La administración local, autonómica y estatal, podrían verse obligadas a eliminar todas aquellas acciones tendentes a una adecuada regulación y financiación de servicios esenciales. Al mismo tiempo las empresas extranjeras tendrían derecho de acceso ilimitado a contratos de servicios, como la recogida de residuos, saneamiento, turismo, agua y cultura, a escala local o estatal. El AGCS lleva implícito la privatización de los servicios públicos en su Artículo XV sobre la limitación a las subvenciones. El Acuerdo considera que las subvenciones pueden tener efectos de distorsión del comercio de servicios. Todo país que se considere desfavorablemente afectado por una subvención de otro país miembro podrá pedir la celebración de consultas al respecto con ese otro país miembro y en su caso ejercer sanciones económicas contra ese otro país. El sector público no podrá situarse en competencia con un servicio ofrecido por una empresa. Si lo estuviera, el sector público estaría obligado a ofrecer la misma subvención a la empresa, para dar «un trato no menos favorable» a la competencia. Esto obliga a los Estados a elegir entre: · Multiplicar el presupuesto destinado a un servicio público, para poder ofrecer a la competencia la misma subvención que a la empresa pública. En la práctica los Estados no pueden permitirse esto. · Dividir el presupuesto destinado a un servicio público, para ofrecer a cada uno de los «proveedores de servicios», entiéndase, empresas transnacionales, una parte equitativa del presupuesto. Esto llevaría a la quiebra de los servicios públicos. · Privatizar estos servicios, con lo cual dejan de ser públicos. Además, las administraciones no podrán ofrecer ayuda a una organización sin ánimo de lucro que ofrezca un servicio a la comunidad, ya que esto se consideraría un subvención y por tanto dicho Estado podría ser sancionado económicamente por la OMC. Por tanto, el AGCS va más lejos que otros acuerdos comerciales, impidiendo a los gobiernos seguir sus propias estrategias de desarrollo. Con este Acuerdo los gobiernos, no sólo están privatizando y renunciando a su propio derecho a regular los servicios públicos, sino que también están renunciando al derecho de futuras generaciones a implementar otras políticas. Los compromisos adquiridos bajo el AGCS son en la práctica, irreversibles. Para rechazar compromisos los países deben ofrecer compensaciones entregando otros sectores de sus servicios y eso sólo es posible tres años después del primer compromiso firmado. Además debe ser juzgado como satisfactorio por todos los miembros de la OMC, antes de que ese rechazo del compromiso tenga efecto. Pero el AGCS no sólo amenaza los servicios públicos de los países desarrollados como los europeos, sino particularmente los servicios públicos de los países en desarrollo: donde éstos son embrionarios, la competencia internacional los destruirá y donde todavía son inexistentes, se impedirá para siempre su creación, reforzando y perpetuando así la desigualdad y la pobreza. En resumen, la aceptación del AGCS supondría: -
el dominio de los mercados por un pequeño número de compañías
privadas; Cada vez es más evidente que, en el ámbito internacional, la liberalización significa una recolocación de los poderes hacia las empresas trasnacionales. En el sector de los servicios, este cambio ha venido acompañado por la apropiación de los diseños de las políticas públicas por parte de una tecnocracia internacional que mantiene que las fuerzas del mercado son los mejores servidores del interés público y que los funcionarios públicos, por el contrario, no son de confianza. Las mercantilización de los servicios públicos abre nuevos mercados para un oligopolio privado de proveedores de servicios, pero ofrece al ciudadano un escaso beneficio. Los
servicios públicos se establecieron para satisfacer las necesidades
de las personas, no para el comercio y el beneficio económico y
no pueden regirse por criterios de rentabilidad sino de interés
social. De acceso universal, mantenidos por una fiscalidad solidaria,
representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzados
por la ciudadanía a lo largo de la historia y son indispensables
para luchar contra las desigualdades sociales y territoriales. La provisión
de los servicios públicos se desarrolla en base a las necesidades
sociales básicas del ciudadano y no a su capacidad de pago según
las leyes del mercado. Por su propia naturaleza de bien público
no deben ser liberalizados ni privatizados.
Un proceso en marcha con escasa transparencia La liberalización y apertura de los servicios públicos al comercio internacional es un tema especialmente sensibles y de enormes consecuencias para nuestro futuro. Uno de los argumentos de los colectivos en contra la AGCS con más fuerza es que este proceso se está llevando a cabo por la Comisión Europea de espalda a los ciudadanos, rodeado del más absoluto secretismo y vulnerando los más elementales principios democráticos de información y participación en la toma de decisiones por parte de la sociedad civil y sus representantes. El proceso del AGCS de liberalización del comercio de servicios está en marcha con el siguiente calendario acordado en la reunión de Doha en noviembre de 2001: - A finales de junio de 2002 cada país de la OMC presentó sus demandas específicas sobre qué servicios y en que países deseaba una apertura para ser suministrados en libre competencia. - El 30 de marzo de 2003 es la fecha prevista para que los países presenten las ofertas sobre qué servicios están dispuestos a liberalizar. - A partir de entonces comenzarán una serie de negociaciones bilaterales con la aspiración de que el proceso finalice definitivamente en 2005. En España los responsables directo son el Ministro de Economía y Vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato; el Secretario de Estado, Comercio y Turismo del Ministerio de Economía, Juan Costa Climent y el Secretario General de Comercio Exterior y Miembro del Comité 133, Francisco Utrera Mora. Pero para España es la Unión Europea la que está ejerciendo una posición común de sus quince miembros en lo relativo a la liberalización de servicios y en el proceso llamado de demandas-ofertas del AGCS. En concreto la Dirección General 1, Comité 133, liderado por el Comisario Europeo para el Comercio Pascal Lamy. Los colectivos contrarios al AGCS enviaron una carta abierta al Comisario Europeo, en mayo de 2002, firmada por cerca de 100 organizaciones, denunciando, entre otras cosas, la falta de transparencia en las negociaciones, a la que contestó Pascal Lamy justificando esta forma reservada de actuar de la OMC como la mas apropiada para las negociaciones. No sucede lo mismo con los principales beneficiarios del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, es decir las corporaciones trasnacionales de servicios, decididas a extender su alcance comercial global y a convertir los servicios públicos de todo el mundo en mercados privados. Los movimientos sociales acusan a la Unión Europea de impulsar decididamente el AGCS como el modo más idóneo para conseguir que las empresas multinacionales se apoderen de este sector de negocio tan codiciado. Las empresas multinacionales, a través de sus lobbies, tienen en la práctica una enorme, aunque a menudo invisible, presencia en todo lo relativo a la OMC. Los principales lobbies que están influyendo en las negociaciones del AGCS son la Mesa Europea de Empresarios (ERT), la Unión de Confederaciones de Empleadores de Europa (UNICE); el Foro Europeo de Servicios (ESF) y la Coalición Estadounidense de Servicios. A través de estos poderosos grupos de presión, las empresas trasnacionales han dictado prácticamente el orden del día de las negociaciones AGCS. Las organizaciones ciudadanas contrarias a la liberalización lamentan que el mundo empresarial esté mucho mejor informados del proceso por la Comisión Europea que el resto de los componentes de la sociedad civil.
RECHAZO AL ACUERDO GENERAL SOBRE COMERCIO DE SERVICIOS (AGCS)
La negociación del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ha generado el rechazo, sobre todo, entre los grupos contrarios a la globalización neoliberal, preocupados por la entrega de los bienes comunes, ecológicos, económicos, sociales y culturales de los países, en mano de empresas multinacionales. Estas organizaciones consideran que las medidas que se adopten afectarán, en primera instancia, a las pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios locales. El AGCS obliga a los países a otorgar acceso ilimitado al mercado a proveedores extranjeros de servicios sin tener en cuenta su impacto social y medioambiental. Los gobiernos no podrán adoptar políticas que beneficien el tejido empresarial local que, al no poder competir, desaparecerá paulatinamente en beneficio de las grandes corporaciones multinacionales. Estas, con enormes capitales para la inversión y apoyadas en políticas nacionales de bajos salarios y desregulación laboral, se impondrán en todos los sectores de servicio en régimen de monopolio, sin mejorarlos ni abaratarlos. La liberalización y la apertura de los servicios públicos son temas especialmente sensibles y con consecuencias graves. Pensamos que ninguna apertura puede tener lugar en el marco del AGCS sin que el público esté informado y pueda debatirlo y no querernos que se nos presenten hechos consumados. Se han realizado campañas internacionales como ¡Parar el ataque del AGCS ya! en la que se han recogido numerosas firmas de entidades de muchos países del mundo. En Europa las principales organizaciones que estamos llevando a cabo la campaña en contra el AGCS son: Corporate Europe; World Development Movement y la red ATTAC. Esta campaña está intentando hacer presión sobre la Comisión Europea, además de informar a los diputados nacionales y europeos, y al público en general. También trata de contactar con los grandes sindicatos europeos, que acaban han publicado una declaración sobre el tema el AGCS. Además, con motivo de la pasada Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea celebrada en Sevilla, en junio de 2002, elaboramos una Declaración de los ATTAC Europa sobre el AGCS contraria al AGCS, que puede ser consultada en nuestra página web. Consideramos que no es aceptable excluir al público del pleno acceso y de la información comprensible sobre los contenidos de las negociaciones en curso, particularmente sobre las diferentes demandas y ofertas sometidas por los Estados participantes, puesto que inciden directamente sobre cada ciudadano. Nos concierne particularmente el caso que se produce cuando las partes y órganos negociadores practican dicha exclusión haciendo referencia a la necesidad de secreto de las negociaciones diplomáticas internacionales. Como primer paso, pedimos que la Comisión Europea y los Estados Miembros informen al Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, parlamentos autonómicos y a la ciudadanía en relación a las demandas concretas que la UE ha recibido hasta la fecha de otros Estados miembros de la OMC. A continuación, exigimos la transparencia total en el proceso de elaboración de ofertas, junto con una auténtica consulta a lo largo del proceso y abrir un debate público sobre las ventajas y desventajas de la liberalización. Exigimos una moratoria de las negociaciones e instamos a emprender, en cooperación con los miembros de la sociedad civil, una evaluación del impacto que supondrá las obligaciones contraídas por este Acuerdo sobre las leyes, políticas y programas nacionales en las áreas sociales, medioambientales y económicas de cada uno de los países miembros de la Unión Europea.
En Brixen/Bressanone (Italia) se celebró el 18 de octubre de 2002, la Segunda Conferencia Europea de Ministro Regionales de Cultura y Educación de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE, en inglés AER) sobre la Diversidad Cultural y el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios. La Asamblea de la Regiones de Europa-ARE reconoce que los resultado de las discusiones en curso en el seno de la organización Mundial del Comercio (OMC) pueden incidir en los poderes y en la libertad de acción de las autoridades regionales. Por ello se convocó esta Conferencia de Brixen, que trató sobre las consecuencias de la globalización para las regiones y en concreto sobre el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) y en qué medida afectará a las regiones de Europa. La ARE reconoce que cuando la OMC fijó su atención sobre los servicios, no lo hizo solamente en el sector privado de actividad, como las finanzas, el comercio internacional, la contabilidad, sino igualmente en ciertas áreas frecuentemente fundadas en el sector público, incluyendo la educación, la salud y la asistencia social, el medio ambiente y la ordenación del territorio. Las autoridades regionales verán sus actividades seriamente afectadas por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), particularmente cuando los acuerdos conciernen a las adquisiciones, las actividades reguladoras y la ordenación del territorio. El AGCS tiene como principal objetivo un incremento del libre comercio y de someter a los servicios públicos estatales al mercado y a las reglas mundiales acordadas para su progresiva liberalización. Se reconoce que el AGCS es un tema extremadamente complejo con efectos múltiples, los cuales son de especial importancia para las estructuras democráticas de los gobiernos regionales de las comunidades autónomas. Las decisiones tomadas en el seno del AGCS tienen una influencia considerable sobre la capacidad de las regiones para obrar de manera autónoma y es decisivo para la orientación de las futuras políticas y de los Servicios Públicos. Por ello consideran que supone un peligro permanente para la posición de los servicios públicos, dado que éstos se verán desafiados por el sector privado. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) ha sido tomado sin disponer de una información exhaustiva y sin haber llevado a cabo una amplia consulta pública, sin reales deliberaciones parlamentarias ni votaciones y, en un mayor grado, según prevén ciertas constituciones, como es el caso de las regiones con capacidad legislativa, exclusiva o compartida, en los ámbitos algunos servicios como la cultura, de la educación y de los medios de comunicación. La ARE reconoce que las regiones no pueden ser indiferentes ante este tema de tanta relevancia, dado el papel de las autoridades regionales como proveedores de un amplio abanico de servicios esenciales. Por ello reclaman que el nivel de gobierno regional sea incluido en las futuras negociaciones que afecten a la cultura, a la educación y a los medios de comunicación. La Asamblea de las Regiones de Europa se plantea si es apropiado, necesario y benéfico para la sociedad, someter los sectores de los servicios públicos como la educación, de la cultura y de los medios de comunicación, a las regulaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Le preocupa que la Comisión Europea, a pesar de estas dudas, continúe activamente con una estrategia de promoción de la liberalización. Por ello proponen detener el proceso para que las autoridades regionales y locales aclaren y decidan qué servicios consideran como ejercicio de la autoridad del estado conforme a las leyes internas y las directivas de cada estado. En la Conferencia de Brixen se pretendió adoptar una postura unitaria de las regiones de Europa acerca de las negociaciones en curso del AGCS y determinar una posición común sobre las demandas, los compromisos y las ofertas que formulará el jefe negociador, de los estados miembros de la UE ante el AGCS, Pascal Lamy, en marzo de 2003. Fruto de la reunión es la Declaración de Brixen/Bressanone sobre la Diversidad Cultural y el AGCS, que a continuación presentamos íntegramente.
RESUMEN
(Adoptada
por unanimidad* Nosotros, los miembros de la Asamblea de las Regiones de Europa, representando las opiniones y los interesas de nuestros ciudadanos, - Estimamos que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) afecta a los servicios públicos en los ámbitos de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación - Estimamos que el AGCS perpetúa la tendencia a privilegiar la prioridad comercial en detrimento de la calidad democráticamente aceptada - Estamos preocupados por las implicaciones del AGCS, puesto que tenemos responsabilidades democráticas en calidad de proveedores de servicios públicos para la educación, la cultura y los medios de comunicación - Afirmamos que estos servicios deberían estar a disposición de nuestros ciudadanos sobre una base de igualdad social, de universalidad y de altos criterios - Solicitamos que, en nuestra calidad de representantes democráticos de nuestros ciudadanos, estemos implicados en toda las negociaciones futuras del AGCS que afecten a la educación, a la cultura y a las cuestiones de los medios de comunicación, conforme al principio de subsidiariedad - Solicitamos un acuerdo internacional a favor e de la protección de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación, que incluya la dimensión regional - Solicitamos que los servicios en materia de educación, de cultura y de medios de comunicación, apoyados por órganos democráticos, sean excluidos de los futuras desarrollos del AGCS - Instamos a todos los miembros de la ARE y a los responsables de otras Regiones europeas a ejercer presión sobre sus consejos, sus gobiernos y la UE para perseguir los objetivos de la Declaración de Brixen sobre la Diversidad Cultural y el AGCS. --------------------------------------------
Declaración
de Brixen/Bressanone sobre la (Adoptada
por unanimidad * Nosotros, Ministros y Representantes Políticos de los Departamentos de Cultura y Educación de las Regiones Europeas, reunidos en Brixen por invitación de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) y del Gobierno de la Provincia Autónoma de Bozen-Südtirol, el 18 de Octubre de 2002, con ocasión de nuestra 2ª Conferencia Europea, sobre la base nuestra previa Conferencia de Cultura Adoptamos la siguiente Declaración: 1 . Expresamos nuestra apreciación a la Asamblea de las Regiones de Europa por haber identificado el tema de la Conferencia "Globalización de la Cultura y de la Educación - OMC y AGCS". Reconocemos que se trata de un tema extremadamente complejo con efectos múltiples, los cuales son de especial importancia para las estructuras democráticas de los gobiernos regionales. Se trata de un tema de interés mundial. 2. Consideramos como un gran resultado que, con esta conferencia, las Regiones europeas respondan conjuntamente al interés creciente y a las expectativas de nuestros ciudadanos. Deseamos lanzar un amplio debate europeo, que haga la debida justicia sobre la importancia que supone esta cuestión. 3.
Nos interrogamos sobre si es apropiado, necesario y benéfico para
la sociedad, someter los sectores de la educación, de la cultura
y de los medios de comunicación a las regulaciones del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Este acuerdo tiene como
principal objetivo un incremento del libre comercio y del acceso al mercado
por medio de la sumisión de monopolios estatales y de los servicios
públicos a las reglas mundiales acordadas y a las obligaciones
de una progresiva liberalización, así como a competidores
e industrias del sector 4. Somos conscientes de que la respuesta a esta cuestión será decisiva para la orientación futura de las políticas de cultura, de educación y de medios de comunicación, así como para la definición, el carácter y el cometido de los Servicios Públicos. Las decisiones tomadas en el seno del AGCS tienen también una influencia considerable sobre la capacidad de las regiones para obrar de manera autónoma. 5. Hacemos referencia a la intensa consulta, llevada a cabo entre regiones europeas y extra europeas, y al examen de las posiciones de órganos internacionales e instituciones como la Organización Mundial del Comercio, la UE y el Consejo de Europa, de Gobiernos nacionales. También examinamos grupos de interés del sector privado en los ámbitos del comercio y de las industrias de servicios, organizaciones representantes de los profesionales en los ámbitos de la cultura, de la educación y de los medios de comunicación. Éstos incluyen profesores, artistas, periodistas, productores de películas, profesionales de museos y de bibliotecas e igualmente representantes de la unión de comercio y varias ONG de estudiantes y de padres profundamente comprometidos en este debate. 6. Debemos reconocer, a nuestro gran pesar, que las decisiones relativas a incluir los servicios de educación, de cultura y de los medios de comunicación como parte constituyente e integral del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) ha sido tomada sin disponer de una información exhaustiva y sin haber llevado a cabo una amplia consulta pública, sin reales deliberaciones parlamentarias ni votaciones y, en un mayor grado, según prevén ciertas constituciones, como es el caso de las regiones con capacidad legislativa, exclusiva o compartida, en los ámbitos de la cultura, de la educación y de los medios de comunicación. 7. Señalamos que el Artículo I,3 del AGCS, que trata sobre el Ámbito y la Definición del Acuerdo, incluye explícitamente bajo el término "Partes" a todos los niveles de los Gobiernos y autoridades centrales, regionales, municipales o locales así como a todos lo órganos no gubernamentales delegados por los gobiernos centrales, regionales o locales. Sintiéndonos muy implicados, insistimos sobre la plena integración en el proceso del AGCS. Nos referimos igualmente al papel de las autoridades regionales en calidad de proveedores de un amplio abanico de importantes y esenciales servicios. Dado que el término "medidas adoptadas por las Partes" cubre prácticamente todas las medidas que afectan al mercado de servicios, descrito como "suministro de un servicio", no podemos quedar indiferentes ante un tema que representa una gran relevancia para el nivel regional. 8. Solicitamos enérgicamente que el nivel de gobierno regional sea incluido en las futuras negociaciones que afecten a la cultura, a la educación y a los medios de comunicación. Siempre que las cuestiones sobre los servicios en el ámbito de la cultura, de la educación y de los medios de comunicación sean evocadas, éstas deberían participar en el "Artículo ad hoc 133 Comité (Servicios)" que gestiona los temas de comercio. 9. Consideramos que no es aceptable excluir al público del pleno acceso y de la información comprensible sobre los contenidos de las negociaciones en curso, particularmente sobre las diferentes demandas y ofertas sometidas por los estados participantes, puesto que inciden directamente sobre cada ciudadano. Nos concierne particularmente el caso que se produce cuando las partes y órganos negociadores practican dicha exclusión haciendo referencia a la necesidad de secreto de las negociaciones diplomáticas internacionales. 10 . Somos conscientes de nuestras especiales responsabilidades y confirmamos nuestro compromiso para mantener e intensificar las políticas de cultura, de educación y de medios de comunicación de las regiones, como cimientos para el desarrollo de la humanidad y de la democracia. Estimamos igualmente que ello puede estimular el entendimiento intercultural global y construir comunidades económica y socialmente viables así como un mundo de paz y de justicia. 11. Reiteramos nuestra convicción acerca de las sociedades democráticas con su doble enfoque de respetar y de fomentar, pero también de equilibrar permanentemente los derechos individuales y sociales y las aspiraciones que presupone un sistema educacional que garantice un acceso abierto a todos los niños y jóvenes, independientemente de su género, de su procedencia social, de su pertenencia étnica, su afiliación religiosa o de su situación económica. 12. Reiteramos nuestro compromiso para suministrar la más alta calidad de enseñanza y el más amplio programa de estudios, con objeto de proporcionar innovación, abierta a las influencias del mundo pero que responda igualmente a las necesidades específicas y circunstancias a nivel local, regional y nacional. 13. Reconocemos la dimensión internacional de la educación. Estamos abiertos a que los estudiantes busquen oportunidades educacionales en países extranjeros. Apoyamos los intercambios de personal y los proyectos comunes entre los establecimientos docentes de todos los países. Nos preocupa que, si el margen de beneficios no resulta interesante, la inversión en investigación y desarrollo se verá afectada. 14. Estimamos que la creciente demanda, en el ámbito de la educación, de países no miembros de la OCDE, implica un mayor esfuerzo para consolidar sus infraestructuras locales en los ámbitos de la educación y la cultura. Ponemos en tela de juicio el enfoque para resolver los problemas por la vía del provecho privado orientado a industrias educativas, culturales y de medios de comunicación. 15. Dudamos que las ideas que fomentan la educación y la cultura como un segmento del mercado. Estamos contra la supresión de las barreras que impiden el comercio de los servicios culturales y educativos, convencidos de que no es la respuesta apropiada a las necesidades individuales y de la sociedad. 16. Coincidimos plenamente con el reconocimiento expresado en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 2 de Noviembre de 2001, y la Declaración sobre la Diversidad Cultural adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 7 de Diciembre de 2000, las cuales, manifiestan que la diversidad cultural es necesaria para la condición humana como la biodiversidad lo es para la naturaleza y las políticas de fomento y de protección de la diversidad cultural forman parte integrante del desarrollo sostenible; los bienes culturales y los servicios, los cuales, en calidad de vectores de identidad, de principios y de valores, no deben ser tratados como meros productos de consumo y las políticas culturales y audiovisuales, que promueven y respetan la diversidad cultural, son un complemento necesario a las políticas de comercio. 17. Nos oponemos firmemente a cualquier transformación del actual sistema educativo, el cual está al servicio de los intereses generales, en un mercado orientado que, con las mejores intenciones, respondería principalmente a grupos de interés, pudiendo tener éstos una motivación ideológica o comercial. 18. Reiteramos igualmente que las bibliotecas públicas son un componente vital de la sociedad democrática y que es necesario que permanezcan bajo el control público. Su papel, en cuanto a suministrar un acceso libre e imparcial a la cultura, al conocimiento y a la información, abierto y accesible para todos, y como instrumento de inclusión social, debería ser objeto de reconocimiento y de protección. 19. Consideramos que el servicio público de radiodifusión desempeña un importante papel en la salvaguardia de la diversidad cultural y de la identidad, del diálogo democrático, del pluralismo en los medios de comunicación y del acceso para todos los ciudadanos a los contenidos y conocimientos de calidad, esenciales para participar con éxito en la sociedad de la información. Por consiguiente, el régimen del comercio internacional no debe obstaculizar o impedir la capacidad de los gobiernos nacionales o regionales para establecer, organizar o financiar servicios públicos de radiodifusión ni exigir misión alguna del servicio público bajo el enfoque que éste juzgue deseable. 20. Por consiguiente, estamos lejos de estar convencidos de que el Artículo 1,3 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) "servicios suministrados en el ejercicio de la autoridad gubernamental", constituya una salvaguardia. Es esencial que exista una salvaguardia que deje la decisión final a las autoridades estatales, en materias como hasta dónde abrir la educación, la cultura y los medios de comunicación a la competencia privada, sobre permitir o rechazar el acceso de las empresas privadas a los fondos públicos, incluyendo el establecimiento de filiales extranjeras. También ha sido declarado que esto se aplica únicamente a "cualquier servicio que no sea suministrado ni en condiciones comerciales ni en competencia con uno o más suplidores de servicios". Concluimos que, debido a que no existe ningún estado donde las estructuras de los servicios de educación y cultura estén exclusivamente basadas en la implicación de la autoridad pública, la cláusula de excepción queda abierta a la interpretación. Consideramos que esto supone un peligro permanente para la posición de los servicios públicos, dado que éstos se verán desafiados por el sector privado. 21. Además, llamamos la atención sobre el término "en condiciones comerciales", el cual supone la noción de que el consumidor paga un precio por el servicio. Por consiguiente, suponemos que, exceptuando los servicios suministrados sin gastos, los demás serán considerados sobre bases comerciales. En vista de que casi todos los servicios públicos implican un precio que deberá pagar el consumidor, estaríamos obligados a aceptar las reglas del AGCS. 22. Por lo tanto, pedimos que los ámbitos de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación sean excluidos de las futuras negociaciones del AGCS y que no se efectúe ninguna oferta ni demanda hasta que no se acuerde una interpretación clara, indiscutible y obligatoria del artículo I,3. Ello permitirá a nuestros miembros, incluyendo a las autoridades regionales y locales, decidir qué servicios consideran como ejercicio de la autoridad del estado conforme a las leyes internas y las directivas de cada estado. 23. Nos consta que la Comisión Europea, que asumirá plenas competencias para la Comunidad en lo tocante a la política comercial, ha declarado su intención de respetar el mandato de negociación tal y como fue transmitido por los estados miembros en Octubre de 1999. Nos preocupa, sin embargo, que la Comisión Europea, a pesar de estas declaraciones, continúe activamente con una estrategia de promoción de la liberalización. Por lo tanto, solicitamos a la Comisión que se ciña al mandato de negociación y que no efectúe ni ofertas ni demandas para los sectores de la cultura, de la educación y del audiovisual mientras duren las negociaciones. 24. Confirmamos nuestra convicción en el principio de subsidiariedad y reiteramos nuestra firme oposición a cualquier cambio de los Tratados de la UE que pudiera transferir competencias para la educación, la cultura y los medios de comunicación al nivel europeo, con la implicación de la votación por mayoría cualificada. Hacemos hincapié sobre la necesidad de votar por unanimidad en lo que se refiere a la política común de comercio, según el artículo 133 del Tratado de Niza. Esto se aplica a todas las cuestiones que afecten a los ámbitos de la cultura, de la educación y de los medios de comunicación y garantiza el carácter especial de estos sectores con respecto a las negociaciones internacionales de la OMC y del AGCS. 25. Solicitamos un acuerdo internacional a favor de la protección de la educación, de la cultura y de los medios de comunicación, que incluya la dimensión regional.
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Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) Comercio
de servicios página que propone varios enlaces, entre otros : ·
Hoja informativa acerca de las negociaciones sobre servicios "La
nueva ronda de Servicios", Juan A. Marchetti, Secretaría OMC,
Seminario Nacional sobre Comercio de Servicios, Montevideo, 23-25 de abril
de 2002 (Powerpoint) "El
GATS y la Nueva Ronda de Negociaciones en Servicios (Jasmin Tacoa-Vielma,
División de Comercio de Servicios, WTO) Sistema
de Información sobre Comercio Exterior (SICE): Síntesis
de la Ronda Uruguay preparada por la OEA - Acuerdo de Marrakech por el
que se Establece la Organización Mundial del Comercio - Acta Final
en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales Glosario "El
Comercio de Servicios: Las Negociaciones Post-Ronda Uruguay" (Sistema
Económico Latinoamericano [SELA])
¿Qué
es el AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios - GATS)?
¡Parar
el ataque del AGCS ya! Comentarios
sobre la carta enviada por Mike Moore (OMC) "Salvemos
a la Educación Pública de los Acuerdos de Libre Comercio"
por Larry Kuehn, Director de Investigación y Tecnología,
Federación de Maestros de la Columbia Británica, Canadá "Por
una moratoria en las negociaciones del GATS" - Barry Coates/ATTAC,
6 de abril del 2001 "GATS:
servicio malo" - Alejandro Nadal (La Jornada virtual, México
D.F. Miércoles 8 de mayo de 2002) La
defensa de los servicios públicos y el A.G.C.S. "Proyecto
de Resolución sobre la comercialización de la educación",
Confederación Sindical Mundia l de la Enseñanza, 8°
congreso "La
educación no es una mercancía", Federación de
Enseñanza de CC.OO. Secretar'a de Política Internacional,
Madrid, 6 de noviembre de 2001
Diversidad
cultural - Publicaciones / Estudios "Y
el GATS volvió otra vez * GATS: una amenaza creciente a la cultura
* GATS en Suecia * Cultura y Comercio" - Red Internacional para la
Diversidad Cultural - Boletín No. 19, Mayo 2002. OMC/AGCS y Educación Convención
de Columbus "El difícil equilibrio : la Educación Superior
como bien público y comercio de servicios" - Universidad de
Lima, 5 de julio de 2002 "La
OMC y el gran mercado de la educación" por Nico Hirtt, miembro
de la asociación belga "Llamamiento por una escuela democrática" Direcciones WEB institucionales Organización
mundial del Comercia (OMC) Comisión
Europea Comisión
Europea - Web especial sobre el AGCS (principalmente en inglés)
ATTAC Aragón |
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