La monumental estafa de Gescartera, las multimillonarias cuentas secretas durante varios años del BBV y la financiación del terrorismo vasco son casos españoles más recientes.

la catástrofe financiera para jubilados y pequeños accionistas de ENRON en los EEUU o el funcionamiento de las redes del terrorismo de Bin Laden o de los cárteles colombianos de la droga, son hechos muy graves que no pueden explicarse sin la intermediación de los paraísos fiscales, que constituyen hoy parte integrante de las finanzas internacionales.

Y es que, en estos últimos años, los denominados centros financieros extraterritoriales (offshore) han florecido al amparo de la globalización neoliberal de los mercados y de la desregulación de los flujos financieros internacionales, convirtiéndose en elementos perturbadores de las economías nacionales que hasta incluso socavan la democracia de los Estados.

Hasta hace unos veinte años solamente existían algunos territorios o países considerados paraísos fiscales. Desde los años ochenta, su auge espectacular ha estado asociado a la supresión de las trabas legales y los controles de cambio, y al desarrollo de las telecomunicaciones, que han intensificado los movimientos internacionales de capital financiero. Su crecimiento ha sido estimulado por los flujos de información digital que permiten la transferencia fácil y barata en tiempo real de dinero y datos.

2. La libertad otorgada a los dueños del dinero (corporaciones multinacionales, personas acaudaladas y ricos en general) para depositar sus fortunas allí donde se ofrece mayor seguridad y menor coste ( menos impuestos) ha generado esos pequeños países o enclaves financieros privilegiados, con la garantía o amparo político en muchos casos de respetables Estados de derecho como Reino Unido, Francia y los EEUU.

La repercusión económica alcanzada es muy considerable.
Los depósitos en paraísos fiscales de entidades legales como corporaciones y fideicomisos exceden de cinco billones de dólares, según estimaciones citadas por un ex ejecutivo del FMI
(Vito Tanzi en Finance and Development, March 2001), ignorándose qué parte de la rentabilidad de esa cuantía ha sido declarada a las autoridades fiscales. Otras estimaciones cifran el volumen financiero residenciado en los paraísos fiscales en un tercio del PIB mundial, cuya mitad de tan astronómica cifra correspondería a los ahorros de personas con altos ingresos, aunque las cifras reales siguen siendo una incógnita.

Las Naciones Unidas han denunciado que los paraísos fiscales son utilizados frecuentemente para la evasión fiscal y el blanqueo de capitales de origen ilícito. Porque, en la actual situación de las relaciones económicas internacionales, se mezclan todos los flujos financieros: el dinero procedente de negocios ilícitos o del fraude fiscal y las inversiones legales.

Por un lado, la carencia de controles e instrumentos multilaterales para el seguimiento de todo el espacio financiero internacional lo convierte en tierra de nadie, generándose graves consecuencias en perjuicio de las economías nacionales, principalmente de los países menos desarrollados

Por otro lado, como en tantos aspectos, los mercados se han mundializado pero los sistemas tributarios siguen siendo nacionales. Y frente a las presiones de la globalización liberal, los regímenes fiscales nacionales se han enzarzado en abierta competencia, creando exenciones e incentivos a las inversiones extranjeras. Para los gobiernos de todo el mundo, la capacidad de recaudar impuestos es un instrumento más para atraer y retener capital e inversiones procedentes otros países.

3. Y he ahí la dificultad técnica para determinar objetivamente cuando un régimen fiscal nacional merece el calificativo de paraíso fiscal, lo que supone una valoración política. Digamos que el calificativo de paraíso fiscal se asigna a determinados países, islas o enclaves geográficos que, mediante regímenes jurídicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas, ofrecen exenciones y beneficios atractivos para el capital y la actividad financiera de no residentes extranjeros o de sociedades legalmente domiciliadas (en ocasiones solo mediante una dirección postal).

Las repercusiones económicas de este fenómeno para los Estados, hizo que la OCDE abordara ya esta cuestión en un Informe de 1987, en el que consideró que la calificación de paraíso fiscal vendría dada por el criterio de la fama (reputation
test): un país o territorio desempeñaba el papel de paraíso fiscal cuando el mismo se ofrecía o generalmente se consideraba como tal.

Pero, ante la creciente competencia entre los sistemas y las políticas fiscales, arduas negociaciones condujeron a la OCDE en 1998 a establecer la distinción entre países con regímenes fiscales preferenciales o prácticas fiscales dañinas (harmful tax practices) y países o territorios identificados como paraísos fiscales (tax haven) por reunir los criterios siguientes:

a)Ausencia de impuestos o impuestos meramente nominales para las rentas generadas por las actividades económicas, como punto de partida para clasificar como paraíso fiscal una jurisdicción financiera ( ejemplo: en Gibraltar, territorio de la Unión Europea, no existe el IVA, impuesto europeo).

b)Carencia de intercambio efectivo de información. En virtud de una legislación propia o de prácticas administrativas se permite que los particulares o las empresas se beneficien de normas rigurosamente secretas y de otras medidas protectoras, como el secreto bancario, frente a fiscalización de las autoridades, impidiendo el intercambio efectivo de información sobre sus contribuyentes con otros países.

c)Falta de transparencia. Otro factor que identifica a los paraísos fiscales es la falta de transparencia en la aplicación de las normas administrativas o legislativas (ejemplo: cuentas bancarias secretas en Liechtenstein).

d)Ninguna actividad real. Un dato importante es la no exigencia de actividad real a particulares o a empresas domiciliadas en esa jurisdicción fiscal, porque sugiere que se pretende simplemente atraer inversiones o transacciones que acuden por razones puramente tributarias (28000 empresas, según The Gardian, registradas en Gibraltar).

Los once años que a la OCDE le llevó precisar los cuatro criterios indicados revelan, más que la dificultad técnica, las dificultades de las negociaciones dados los intereses encontrados. De ahí que los criterios de referencia solamente puedan entenderse como un avance desde la perspectiva de una organización intergubernamental nacida para la liberalización de los intercambios comerciales que, como ha ocurrido con otras organizaciones financieras nacidas también tras la segunda guerra mundial, ha sufrido la influencia del fundamentalismo del libre mercado. La definición de esos criterios significó que, por fin, esta organización multilateral incluía este asunto en su agenda (www.oecd.org).

En aplicación de tales criterios, la OCDE publicó con el Informe del año 2000 una lista con 35 países o territorios identificados como paraísos fiscales (entre los cuales Andorra, Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein, isla de Jersey, isla de Man y otros territorios dependientes de Estados de la UE).

Desde una estrategia internacional, la OCDE a través de su Comité de Asuntos Fiscales centró el seguimiento de estas jurisdicciones identificadas, aunque sus iniciativas no gozaron del favor de EEUU. Además, las negociaciones que se llevan a cabo tropiezan con intereses muy diferentes, puesto que paradójicamente algunos de sus miembros (Luxemburgo o Suiza) son generalmente considerados paraísos fiscales.

Las presiones de la Administración Bush se dejaron sentir en Julio del 2001: el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE alcanzó un compromiso por el cual los paraísos fiscales identificados no serían sancionados por su régimen tributario propiamente dicho sino por su grado de cooperación en la transparencia y el intercambio de información con otros países.

En la práctica se corregía la definición de paraíso fiscal, que en adelante estaría más ligada a su grado de cooperación que a su régimen tributario ( cinco días, 4/7/01).

En Abril de 2002, la OCDE difundió la lista negra de los paraísos fiscales recalcitrantes, que se han negado a facilitar información; pero solo recoge 7 (Andorra, Mónaco, Islas Marshall, Nauru, Liberia, Liechtenstein, Vanuatu), aunque la ONU tiene
censados 74. Y sorprende que Suiza y Luxemburgo, que destacan por poner obstáculos, continúen fuera de esta “lista negra” obtenida en unas negociaciones poco transparentes.

4.Los paraísos fiscales generan básicamente tres grupos de efectos perniciosos para el equilibrio, la equidad y la racionalidad de la economía mundial que requieren su regulación y corrección en aras de una justicia global Además de facilitar el fraude y la evasión fiscal de las grandes fortunas, los paraísos fiscales posibilitan el blanqueo de capitales de origen ilícito y la financiación del terrorismo, contribuyendo asimismo al empobrecimiento de los países del Sur.

4.1.Los paraísos fiscales fomentan la evasión de impuestos que coarta la aplicación de políticas fiscales avanzadas.

Los impuestos son un elemento necesario para la financiación de servicios públicos esenciales (educación, policía, sanidad, etc.) en una sociedad justa y bien administrada que gestione correctamente los costes de las necesidades comunes.
Como en la era de la globalización liberal el capital es cada vez más móvil, los gobiernos nacionales y los Estados, reducidos sus ingresos por las privatizaciones del sector público industrial, carecen de alternativas fuera del sistema fiscal.

La proliferación como hongos de enclaves financieros privilegiados y su impunidad ha erosionado las bases contributivas de los sistemas fiscales. Como consecuencia, se ha
debilitado el poder recaudatorio del Estado, puesto que el aumento de la presión fiscal incentiva a los grandes capitalistas a trasladar sus domicilios fiscales a esos centros financieros offshore, amparados o tolerados internacionalmente.

Conocido es que, de 1987 hasta el año 2000, el BBV mantuvo unas cifras millonarias en cuentas secretas de los paraísos fiscales de Jersey, Liechtenstein e islas Caimán, hasta la regularización de su contabilidad en enero de 2001,lo que le
permitió eludir la fiscalidad española.

Y en las investigaciones del Congreso estadounidense sobre el caso ENRON, el gigante norteamericano de la energía en quiebra fraudulenta, se reveló que durante los cuatro últimos años la compañía había colocado un importe multimillonario en filiales en las islas Caimán y otros paraísos fiscales. Y esto le había permitido no pagar impuestos durante unos años de bonanza económica que le crearon una respetable imagen de corporación saneada con fines especulativos, de la que luego han sido víctimas los accionistas minoritarios y millares de ex empleados jubilados que han visto esfumarse sus
pensiones.

Algunas estimaciones cifran la evasión fiscal en un 15 % del conjunto de los presupuestos de los Estados desarrollados (porcentaje que hay que suponer mayor en los países no desarrollados en razón de la corrupción y el desvío de fondos
públicos).De ahí que forzados a reconocer esta hemorragia que pone en peligro su propio funcionamiento financiero, desde hace unos años aquellos intenten configurar una estrategia internacional para atajarla, al parecer sin muchos resultados.

Además de la labor que prosigue la OCDE, actualmente la Unión Europea intenta negociar en su ámbito un acuerdo que consistiría en intercambiar ciertas informaciones de carácter fiscal. Pero la negativa a colaborar de Suiza, situada en el centro
de su territorio aunque no sea socio, hace infructuosos los esfuerzos negociadores. Y frente a este influyente paraíso fiscal, que gestiona un tercio de las fortunas mundiales, los miembros de la UE no osan recurrir a medidas de retorsión, demostrando
cuán difícil resulta cuestionar el secreto bancario en una plaza financiera tan influyente.

Por eso, frente a esta compleja realidad, las recientes amnistías fiscales de los gobiernos alemán e italiano son medidas espurias para la repatriación de capitales nacionales depositados en el extranjero: aunque resulta curioso observar su percepción
como una amenaza por los medios de comunicación suizos que han reflejado la inquietud suscitada en círculos bancarios. Es obvio que la gravedad de las distorsiones que generan los territorios financieros privilegiados demandan soluciones
multilaterales de largo alcance.

Porque el examen de esta realidad actual demuestra la incapacidad de los gobiernos para lograr por sí mismos, unilateralmente, la supresión de los paraísos fiscales, optando en la práctica por la elevación de la imposición directa sobre el trabajo y la indirecta sobre el consumo y aligerando las cargas sobre el capital para evitar su fuga hacia los paraísos fiscales.

La presión que, para los gobiernos nacionales, se deriva de la movilidad del capital financiero y la disponibilidad de estos refugios extraterritoriales (los paraísos fiscales son termitas para los sistemas fiscales, se afirma por expertos) se transforma en
un fuerte obstáculo para proyectos de políticas fiscales equitativas y progresistas, condicionando el funcionamiento de los sistemas democráticos.

4.2.Los paraísos fiscales generan pobreza en los países del Sur.

Los paraísos fiscales están ligados a la corrupción. Y la corrupción generalizada y las frágiles administraciones públicas son rasgos conocidos de muchos países del Sur, que
repercuten negativamente en los ingresos públicos y producen despilfarro, debilitando su economía y mermando la confianza en sus instituciones públicas y en sus políticas.

El FMI, un organismo internacional poco sensible a las cuestiones sociales, acaba de publicar datos que denuncian como la corrupción retrasa el desarrollo de los países
(Governance,Corruption and Economic Perfomance, 2002). Mayor corrupción significa países con mayor índice de mortalidad infantil o de fracaso escolar, menores ingresos
fiscales y menor renta per cápita, mayor desigualdad de rentas y mayor extensión de la pobreza.

De ahí que, últimamente, el FMI (quizás influido por las criticas que viene siendo objeto desde los movimientos sociales) requiera de los países prestatarios reformas estructurales que limiten el alcance del bombeo de fondos al exterior y presione en favor de mayor transparencia en las operaciones financieras del sector
público.

Los paraísos fiscales – de los que el FMI escasamente se ocupa – contribuyen al empobrecimiento de las economías de países menos desarrollados, ofreciendo oportunidades a las élites y funcionarios corruptos para el saqueo de fondos
públicos y la percepción de comisiones ilegales, particularmente en los procesos de privatizaciones de las empresas nacionales.

El caso argentino es paradigmático. Y es sabido que el recurso a los paraísos fiscales está muy extendido entre las clases dirigentes de América Latina.

Estas prácticas corruptas junto con la fuga de capitales por parte de las empresas y los ricos disminuye los ingresos fiscales de los países pobres reduciendo a su vez su capacidad para financiar inversiones básicas en infraestructuras y en servicios
como sanidad y educación, de los cuales dependen el desarrollo económico y el bienestar social. Las consecuencias se ven luego reflejadas en los índices sociales mencionados.

Por consiguiente, en un mundo globalizado la existencia de paraísos fiscales es además un elemento nefasto para la gestión pública de los Estados, particularmente de aquellos surgidos de la descolonización, que incluso genera inestabilidad
política al facilitar la intermediación en las adquisiciones ilegales
de armas y la financiación de militares descontentos o rebeldes en democracias débiles.

4.3.Los paraísos fiscales son refugio para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2001, la Fiscalía Anticorrupción expresaba su preocupación porque “la desregulación mundial de los mercados de capitales, la persistencia de la opacidad de ciertas transacciones financieras y las deficiencias de la cooperación entre los Estados, mantienen un marco que favorece la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales”. Y dentro del crecimiento generalizado de la
criminalidad financiera en España durante 2001 (11%), el blanqueo de capitales aumentó un 57 % sobre el año anterior, según recoge la referida Memoria.

El blanqueo de capitales se instrumenta en procesos complejos e imaginativos para ocultar y camuflar el origen ilegal de cuantías elevadas de dinero, introduciéndolas en los circuitos económicos, nacionales o internacionales, mediante adquisiciones, negocios
tapadera o empresas fantasma. En la gestión y ocultación de esos capitales ilícitos, a menudo sumas importantes procedentes del fraude fiscal, el comercio de drogas o el proxenetismo, cumplen un papel decisivo los paraísos fiscales, con sus cuentas
bancarias opacas, registro de empresas, fideicomisos y demás artilugios de “ingeniería financiera“.

Las operaciones policiales en Mayo 2002 revelaron una vez más que la banda terrorista ETA blanqueó sumas importantes de dinero, procedente del mal llamado impuesto revolucionario y de los rescates por secuestro, mediante un entramado de empresas
residenciadas en paraísos fiscales. Y los atentados del 11 de Septiembre de 2001, los escándalos financieros de las grandes corporaciones norteamericanas a principios de 2002 y otros importantes casos de corrupción, han llevado a las páginas de
los periódicos la denuncia de los paraísos fiscales.

En esta cuestión del blanqueo del dinero negro del terrorismo en paraísos fiscales, cuestión clave hoy para la política oficial, las investigaciones ponen de relieve su imbricación con la desregulación de los flujos financieros y, sobre todo, la
imposibilidad de disociarla del blanqueo de capitales en general.

Por un lado, las investigaciones más solventes apuntan que la financiación del terrorismo representa sumas minúsculas comparadas con las que alcanza el blanqueo de capitales generados ilegalmente, que algunas estimaciones cifran en un
billón de dólares al año.

Por otro lado, estos hechos revelan que los movimientos de dinero sucio se entremezclan con otros flujos de capitales (pagos de mercancías exportadas legalmente, préstamos
gubernamentales, inversiones directas, etc.) circulando por los mismos canales internacionales disponibles, generalmente bancarios.

De ahí la dificultad técnica para identificar las modalidades de financiación del terrorismo, aunque esta dificultad no baste para explicar que, transcurrido mas de un año los atentados de las torres gemelas de Nueva York, las investigaciones no hayan
aportado al parecer muchas novedades.

Y es que todo el sistema multilateral de relaciones económicas está basado en la opacidad financiera, asumida benévolamente por los gobiernos democráticos, que promueven y negocian el diseño de instrumentos y de mecanismos internacionales,
inspirados naturalmente en la ideología fundamentalista del libre mercado. Y la resultante es el descontrol y la falta de transparencia del sistema financiero internacional que hallamos en el origen y florecimiento de todos los paraísos fiscales.

Por eso, es significativo que los escasos avances en el planteamiento de los problemas generados por la globalización liberal, hayan de consistir casi siempre en la obtención de información por los organismos multilaterales. Por lo que las soluciones habrán de alcanzarse cuando se consiga que la transparencia sea total a escala internacional.

Hasta ahora, solo el asunto del blanqueo de capitales de origen ilícito ha suscitado un consenso más generalizado para una estrategia de actuación conjunta en la mayoría de los países. La amplitud del fenómeno y su trascendencia, motivó la respuesta de los Gobiernos del G 7, en la cumbre de Paris de 1989,mediante la creación del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI; en siglas inglesas FATF), un
organismo intergubernamental que agrupa actualmente a 29 países miembros ( España, incluida) más la Comisión Europea.

El GAFI es el organismo internacional que más atención despierta a nivel internacional en materia de lucha contra el blanqueo de dinero, su misión oficial. Sus 40 recomendaciones son reconocidas como una referencia. Pero su debilidad se evidencia si tenemos en cuenta que, dejando a un lado la retórica de sus objetivos, el ámbito de actuación se reduce a la revisión de los textos legislativos nacionales, sin disponer de medio alguno para controlar la ejecución real de las medidas preventivas comunicadas por los Estados. (www.fatf.gafi.org)

Además, es evidente que su enfoque presenta un carácter demasiado selectivo, puesto que entre sus propios miembros se encuentran algunos países considerados generalmente como paraísos fiscales. Su bajo nivel de exigencia quedó de manifiesto en Octubre 2002 con la publicación de una lista de “países o territorios no cooperativos” (PTNC), es decir, paraísos fiscales empedernidos, que solamente incluía a las islas Cook, Egipto, la isla de Granada, Guatemala, Indonesia, Myanmar(Birmania), Nauru, Nigeria y Ucrania. Calificativo que, por otra parte, no produce mas efectos que una simple calificación escolar de mala conducta en materia de blanqueo de capitales.

5. La erradicación de los paraísos fiscales forma parte de la lucha por la regulación y el control del capital financiero. Dentro de una visión alternativa de las finanzas internacionales, ATTAC propuso en el Foro Social de Porto Alegre 2002 dos series de medidas para la supresión de los paraísos fiscales:

-“ Levantamiento del secreto bancario a petición de las autoridades públicas, lo que implica la reglamentación de las profesiones protegidas por el secreto bancario, las sanciones contra los establecimientos que rehusan cooperar, la obligación de conservar las pistas de los ordenantes y las transacciones sobre productos derivados. Estas medidas de control de los flujos pueden conducirse eficazmente apoyándose en los organismos de compensación y en los sistemas de pago.

- La definición de obligaciones por parte de los Estados: reconocimiento de un derecho de ingerencia respecto a los Estados que albergan paraísos fiscales; cooperación entre Estados en el dominio judicial y para centralizar las informaciones sobre los delitos financieros; obligación de publicar los datos sobre los paraísos fiscales; no-reconocimiento de las sociedades pantalla; respeto de las reglas anti-blanqueo de dinero.”
(R.Diaz-Salazar ed.,Justicia Global, Icaria 2002).

6. Sin embargo, al plantear alternativas y medidas a adoptar, no podemos ignorar que también nos enfrentamos a una literatura en favor de los paraísos fiscales, particularmente en Internet, que revela que los paraísos fiscales ( denominados casi siempre centros financieros o jurisdicciones “offshore”) disponen de
defensores interesados y obstinados doctrinarios seguidores del dogma thatheriano de TINA (There Is No Alternative: no hay alternativa - a la globalización liberal).

Por eso, desde ATTAC y los movimientos sociales que defienden otra globalización, además de señalar sus funestas e injustas consecuencias y avanzar nuestras propuestas, hemos de denunciar y desenmascarar la ideología fundamentalista del libre mercado que encubren:

- quienes argumentan que los paraísos fiscales son inherentes
al sistema de economías abiertas y a la libertad de los
intercambios comerciales, oponiéndose a la regulación
multilateral de los flujos financieros internacionales.

- quienes argumentan la defensa del recurso a los paraísos fiscales por parte de particulares y empresas frente a la inestabilidad de las monedas nacionales y a las supuestas presiones fiscales excesivas.

- y de quienes elaboran conceptos como planificación fiscal internacional o elusión fiscal, para promover y encubrir conductas inmorales e insolidarias como el fraude fiscal, el lavado de dinero negro o la evasión de capitales.-

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Juan Hdez. Vigueras
Observatorio sobre Paraísos Fiscales
ATTAC. Marzo 2003