3.2- Pensiones:

        El Sistema  Publico de Pensiones constituye en España el mayor mecanismo de solidaridad intergeneracional. Las pensiones publicas son la parte más importante del gasto social, representan el 41% (2000) de este gasto, y ha pasado de ser el 10,1% del PIB en 1993 al 9,7% en el 2000. En los últimos años se ha tendido al mantenimiento de las prestaciones y no a su mejora (aunque esta se ha producido a nivel mínimo) y se han despejado las malas perspectivas – más ideológicamente interesadas que reales – que se pronosticaban sobre el futuro del sistema.

            Existen dos tipos de sistemas de pensiones:

·        Universalistas que protegen a toda la población con independencia de que trabaje o no.

·        Profesional o contributivo cuya protección se reduce a aquellos que desarrollan una actividad productiva.

Otra división es la de sistemas de capitalización, propio de los sistemas privados, o de reparto intergeneracional. El sistema español es de reparto y combina el universalismo (pensiones no contributivas) y el profesional-contributiva (pensiones contributivas).

            Las instituciones que participan en la financiación y gestión son de tres tipos: Estado, Seguridad Social y Comunidades Autónomas.

             El sistema público de pensiones muestra dos grandes ámbitos: uno el contributivo, derivado de las aportaciones previas a la Seguridad Social, es decir las pensiones contributivas se pagaran íntegramente por cotizaciones, y el no contributivo para aquellas personas que no puedan acceder a una pensión contributiva. Las pensiones contributivas cubren los casos de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de la familia. Las pensiones no contributivas están referidas fundamentalmente a jubilación, invalidez y prestaciones por hijo, así como a las Rentas Mínimas de Inserción de las CCAA. El establecimiento de pensiones no contributivas de la Seguridad Social tiene una gran importancia pues, aparte de afectar a un amplio colectivo, implica la aparición de una dimensión universalista en el seno de la Seguridad Social dándole un carácter más progresista, ya que estas pensiones se financian con aportaciones del Estado.

            Se ha estimado que la política de pensiones durante la última legislatura del PSOE y la primera del PP obedece al convencimiento de que se había alcanzado un nivel de protección suficientemente digno, que hacía innecesario seguir profundizando en nuevas mejoras. Esta afirmación merece algunas matizaciones como es el hecho de que muchos colectivos, pero sobre todo el de rentas mínimas, sigan percibiendo pensiones de escasa cuantía.

            En los últimos años, como ya hemos expresado, se ha tendido a “conservar” y articular los instrumentos necesarios para garantizar la estabilidad del sistema y el nivel de protección social alcanzado, lo cual nos llevó al Pacto de Toledo y a la ley 24/1997 que lo complementa. Una de las lecturas que se puede hacer del pacto de Toledo es que por una parte garantiza el carácter de  reparto de la Seguridad Social, descartando su sustitución  por uno de capitalización lo cual es positivo, pero por otra promociona el establecimiento de planes de pensiones privados, aspecto claramente negativo.  También es contradictorio en cuanto a su “progresividad” pues, aunque como hemos dicho, promociona el que las aportaciones estatales financien prestaciones universalistas del sistema (sanidad, pensiones no contributivas y servicios sociales) también amplía el carácter contributivo matizando su componente solidario.  Parecidas valoraciones podrían hacerse de la ley 24/1997, añadiendo que abre la puerta a la revalorización de las pensiones más insuficientes, aunque no podemos olvidar que a pesar de los avances hay un número significativo de pensiones incapaces de garantizar una vida digna a sus preceptores.

            El impacto sobre el gasto en el periodo 1993-2000 tiende a contenerse, manteniéndolo en lo ya conseguido, no obstante, a partir de 1997 se permiten ligeros incrementos que favorecen la expansión de este gasto. Esto no entra en contradicción con el hecho de que el incremento en % del PIB sufra un descenso. Es importante señalar por otra parte la caída del aumento del número de pensiones contributivas a partir de 1998 ya que esto tiene un impacto significativo sobre los costos del sistema.

 Un hecho de gran importancia es lo sucedido con la relación cotizaciones / pensiones ya que es fundamental para el mantenimiento del sistema.  Debido a la buena coyuntura económica el número de afiliados a la Seguridad Social crece a partir de 1995, la relación entre cotizaciones y pensiones contributivas pasa de 1,83 en 1993 a 1,98 en el 2000.

 Resumiendo, a partir de 1997 hay dos fenómenos que propician la contención del gasto, la evolución favorable del IPC y un menor incremento del número de pensionistas lo que propicia que el tanto por ciento del PIB en pensiones de vejez pase del 9,2% del PIB en 1997 al 8,7 en el 2000. Como dato comparativo interesante, en Francia  este tipo de pensiones suponían alrededor del 11% del PIB.

            El tradicional déficit que hizo recurrir a préstamos del Estado, se transforma a partir del año 2000 en superávit de manera que a partir de este año la Seguridad Social inyecta recursos a la administración central del Estado contribuyendo a la reducción del déficit público. Puesto que este superávit no se ha empleado en aumentar de manera sensible las pensiones mínimas se ha perdido una ocasión para paliar las desigualdades, lo que choca con la filosofía con el Pacto de Toledo y de la ley del 97, es decir, seguimos sin plasmar una seguridad social  que además de su función aseguradora realice una mayor función redistributiva.

            El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones surgido alrededor de 1990 se basa en una mala coyuntura económica, extrapolando, de manera interesada, los parámetros del momento hacia el futuro. Felizmente la realidad no ha dado la razón a aquellos sectores de la banca sobre un supuesto colapso de nuestra seguridad social hacia el año 2000 o 2002.

            Esta polémica tiene un cierto carácter cínico si consideramos que los grupos de poder que la promovieron, cargan sobre las cuentas publicas parte del costo de las prejubilaciones de las grandas empresas que ellos controlan, empresas que en general obtienen cuantiosos beneficios: Telefónica, eléctricas, banca, etc.. Una vez mas los costos privados son asumidos por el dinero publico.

            No obstante la alarma social generada por este debate ha favorecido el impulso de los sistemas complementarios privados, estimulados por el mantenimiento de las pensiones publica a nivel bajo y por el favorable tratamiento fiscal, entre otros factores. El éxito de estas medidas es indiscutible dado el espectacular crecimiento de los fondos de pensiones privados sobre todo en los años del “catastrofismo”. Esta dinámica tiende a una peligrosa  dualización del sistema: los grupos con menos recursos tendrán que conformarse con un sistema de mínimos públicos y los mas favorecidos  lo complementaran con un sistema privado, corriéndose el riesgo de un sistema publico permanentemente precarizado, ampliándose la brecha entre las clases medias y populares con el peligro que esto supone para toda la estructura del Estado del Bienestar.

 Es importante señalar que el “problema” de las pensiones no sólo está ligado a lo expresado hasta ahora, es decir, a la disponibilidad de recursos sino también a la distribución de los recursos de un país, cuestión que se tiende a olvidar con frecuencia y que hace referencia a cómo se distribuye la riqueza que se genera,  entre las diferentes clases sociales. No se puede pensar que el crecimiento es un fin en sí mismo sin considerar que es un medio para incrementar el bienestar de toda la población y que esto depende de su distribución. En este sentido la presión social  es fundamental para lograr una distribución más equitativa de la riqueza y para una estructuración mes redistributiva del sistema de pensiones.

La asistencia por viudedad  también muestra un cierto subdesarrollo con relación la media de los países de nuestro entorno. El gasto en % del PIB en España fue en año 2000 del  0,8, la media de la UE fue en ese mismo año del 1,3%. Es importante señalar que en 1994 supuso un 1% y que a partir de ese año ha ido descendiendo.

En resumen el impacto de las pensiones sobre las desigualdades a tenido un cierto efecto progresivo redistribuidor, pero su desarrollo ha sido contradictorio, como al de todo el Estado del Bienestar, por ello nos encontramos con situaciones sobre las que hay que seguir incidiendo y aplicando la presión social: prestaciones bajas alejadas de  la media europea y en algunos casos de un mínimo digno, desigualdades importantes entre los pensionistas  que además se van incrementando (el índice GINI de las pensiones así lo atestigua), desigualdades de genero, etc.. Cabe concluir que en un contexto de crecimiento económico la intensidad protectora de las pensiones no ha crecido de forma paralela, situando a los pensionistas en una peor situación relativa dentro de la estructura social.