3.3- Políticas familiares:

        Por políticas publicas familiares  se entienden: “el conjunto de medidas o instrumentos de políticas publicas, más o menos articuladas, que reconocen y apoyan las funciones sociales que cumplen las familias”. En la mayoría de los países no existe una política familiar explícita, pero si hallamos una serie de programas que repercuten en la familia directamente y constituyen, de hecho, medidas de política familiar.

            Coincidiendo con la revisión del Estado del Bienestar que esta teniendo lugar en toda Europa, estamos asistiendo a un redescubrimiento de la familia como alternativa para atender a todos aquellos que requieren recursos y cuidados. Los poderes públicos tratan de devolver a la familia aquel conjunto de tareas que la sociedad  fue recomendando, directa o indirectamente, a las instituciones. Esto en España con un Estado del Bienestar poco desarrollado, puede tener importantes consecuencias negativas tanto en lo que se refiere a desigualdad social como de genero.

 De la critica a esta tendencia “familiarizante” no debe de concluirse que la desfamiliarización sea un procedimiento siempre deseable. Es preciso reconocer que la tradición familiar de nuestra sociedad proporciona relaciones afectivas fundamentales para el bienestar de las personas. Las políticas familiares deberían saber revalorizar estas solidaridades familiares pero bajo la óptica de facilitar el desarrollo integral de todos sus miembros. En definitiva las políticas familiares deberían de tener como objetivo el de posibilitar una  elección real de vida para hombres y mujeres.

            En el caso de España  hay que destacar la importancia que han tenido y tienen las mujeres como proveedoras  de bienestar. La situación en nuestro país es un exponente del modelo “católico” caracterizado por un fuerte sustrato “familiarista”, en el que se valora a la familia como la principal fuente de bienestar, pero solo de forma retórica puesto que los apoyos que se le prestan son ciertamente escasos, siendo las mujeres las que están sometidas a un doble trabajo que limita sus expectativas y que sirven para reproducir las desigualdades de genero. Sin embargo las transformaciones que se han producido en la sociedad española han afectado a las mujeres mas directamente que a ningún otro miembro de la familia ( de 25 a 29 años el 74% trabajan). La mujer desea hoy compatibilizar sus aspiraciones familiares con sus aspiraciones profesionales y no de forma esporádica sino continuada. Por ello la actual política familiar española es insostenible a medio plazo, puesto que la institución familiar no va a poder asumir los procesos a los que estamos asistiendo y seguir compensando las carencias del Estado del Bienestar. El escaso apoyo que las familias reciben de los poderes públicos exige la inmediata revisión de las políticas familiares.

               La política familiar fue la gran olvidada durante la transición democrática. El objetivo de las políticas sociales publicas se desplazo hacia las condiciones sociales de los individuos: la familia no se considero como un objetivo de protección social especifico. En la década de los 90 empieza a aflorar, sobre todo en el plano descentralizado, una visión más global de la política familiar y se empieza a incluir la familia en los programas de los partidos, aunque a veces solo en la forma retórica a la que nos hemos referido.

            El progresivo reconocimiento que se plasma en la legislación familiar genera, no obstante, una clara discriminación para ciertos colectivos (parejas de hecho, homosexuales, etc.) que quedan excluidos, aunque estas situaciones se van limando progresivamente ante la presión social con leyes sucesivas como el “Código de Familia” catalán de 1998.

            La falta de un sistema de servicios públicos refuerza las desigualdades de clase. Las familias con mayores ingresos  pueden “mercantilizar” estas tareas recurriendo a la oferta privada. Las familias sin los niveles de renta adecuados no tendrán posibilidades de elección. Por ello podemos decir que los programas públicos de ayuda a la familia tal como están concebidos no son especialmente sensibles ni a las diferencias económicas ni a las de género. De poco sirven las medidas antidiscriminatorias para las mujeres en el empleo, sino se tiene en cuanta que las condiciones de partida no son las mismas que para los hombres. Esto genera, entre otras cosas, la baja tasa de fecundidad, para reducir la carga de trabajo doméstico, así como la baja participación laboral de la mujer ( en el año 2002 la tasa de población activa femenina en España era del 42,3 según la EPA, la media de los países de la UE rondaba el 60%). 

            Una ambigua política de maternidad se fundamenta en el hecho de que sí bien, por un lado, busca armonizar maternidad y profesión con una serie de medidas legales que nos acercan a la UE, el ínfimo desarrollo de medidas sociales para el cuidado de la primera infancia y la incompatibilidad de horarios laborales y escolares refuerza, dada nuestra cultura, el papel de las mujeres como madres y dificulta su permanencia estable en la esfera laboral.

            Los servicios de ayuda a la familia deberían promocionar:

·       Escuelas infantiles de 0 a 3 años

·       Servicios domiciliarios para ancianos y dependientes

·       Centros de día para ancianos y dependientes

·       Residencias para ancianos y dependientes

·       Vivienda social

En este sentido la situación en España es claramente precaria: sólo el 8% de los niños cuentan con una plaza en una escuela infantil pública cuyo déficit de plazas ronda las 438.000.  En lo que se refiere a servicios domiciliarios sólo el 2% de los mayores de 65 años recibe este tipo de ayudas, cuando se estima que debería de ser de cómo mínimo un 10% (Suecia 30%, Francia 7%). El porcentaje de plazas en residencias públicas para ancianos no ofrece resultados más alentadores, la oferta actual es de un 3% y de estas sólo un 30% son públicas. Esta situación genera largas listas de espera.

Nos encontramos, pues, ante un estado asistencial que solo ofrece recursos cuando la familia quiebra o elude responsabilidades.

El gasto social en protección a la familia, una vez más, es de los pobres de la UE y con una gran diferencia: un 0,5% del PIB en el año 2000, cuando en le UE fué un 2,1%. España tiene el gasto por habitante en protección a la familia más bajo de la Unión Europea

El problema de la vivienda  merece mención especial. España es el país de la UE que porcentualmente tiene mayor numero de viviendas en propiedad y de viviendas vacías, por el contrario es el país que tiene menos viviendas el alquiler, y la proporción de gasto de PIB dedicada a la promoción de vivienda social más baja: el % de PIB dedicado a este servicio (0,2%), es tres veces menor que la media europea (0,6%).

 El problema, en el mejor de los casos, sigue tan  presente como lo estaba hace 15 años, lo cual demuestra la escasa eficacia de las políticas de vivienda llevada a cabo durante este tiempo, políticas que han dado una excesiva primacía al mercado. Es necesario un cambio de estas políticas por otras que promocionen el mercado de alquiler a precio asequible, así como articular nuevos planes de vivienda protegida dentro de una dinámica de mayor implicación publica en este sector.

Finalmente es importante señalar que si los servicios de ayuda a la familia adquiriesen un nivel similar a la media europea generarían un importante número de puestos de trabajo ( algunos estudios lo cifran en más de 500.000), lo que haría disminuir sensiblemente las tasas de paro, sobre todo paro femenino, no olvidemos que el número de puestos de trabajo ocupados en España en tareas de protección social es solamente el 5,9%, cuando en Europa ronda el 11%, siendo esto una de las causas de nuestros altos índices de desempleo.