3.4- Políticas laborales:

        La lógica del mercado ha imperado fundamentalmente durante las ultimas décadas  y las relaciones laborales han tenido que subordinarse con mayor intensidad a esta lógica, teniendo como consecuencia la introducción de la flexibilidad laboral, la moderación salarial y la reducción de todo tipo de garantías. El objetivo es la adaptación “competitiva” al nuevo contexto de internacionalización económica capitalista que lleve a incrementar la tasa de ganancia y a acelerar la acumulación de riqueza, ya que esto, se nos dice, generara empleo, aunque la realidad es que esta dinámica, por el contrario, no ha solucionado el problema del paro y si ha supuesto una importante degradación de las relaciones laborales, de manera que se podría hablar da el nacimiento un sub-proletariado cada vez mas joven y precarizado.

            En España a principio de los 90, con la aprobación del tratado de Maastricht y su plan de convergencia, se acentúa la ofensiva neoliberal y el furor desregulador que se plasma en la reforma del Estatuto de los Trabajadores del 94 bajo la promesa, una vez mas, de la creación de empleo. Es interesante señalar que en esta reforma se legaliza la existencia de las empresas de trabajo temporal (ETT), que en realidad es una doble vía de flexibilización discrecional del mercado laboral.

            La relación salarial se constituye, en la sociedad capitalista, como el principal instrumento de distribución social del producto del trabajo ( no olvidar la triple dimensión del salario: directo, indirecto y diferido). En España, sobre todo a partir de los 90, se ha vuelto a incrementar esta desigual distribución: la relación entre los costos laborales reales (salario + cotizaciones) y la riqueza real generada por cada trabajador  ha disminuido en un 12% en el periodo 1980-96, como resultado del proceso anteriormente definido. Dado que la moderación salarial ha determinado que los salarios reales y su poder adquisitivo disminuyan si tenemos en cuenta los incrementos de la productividad, se ha generado un transvase de rentas del trabajo al capital que ha sido el principal beneficiario del crecimiento económico.

 A pesar de la importancia incuestionable que tienen el gasto publico y la estructura impositiva, en un sistema capitalista el pleno empleo y el aumento de los salarios son el mejor instrumento de distribución progresista de la riqueza

Precarizacion.  Con estas reformas y otras medidas que vinieron después se incrementa de manera importante la flexibilidad laboral, así  en el año 2002 esta llega a un 32% de la  población con trabajo, siendo del 80% entre los jóvenes de 16 a 19 años y del 60% entre los de 20 a 24 años. España es el país en el que mayor numero de personas  combinan empleo precario y desempleo en una dinámica repetida.  En realidad lo que se esta produciendo es un proceso de sustitución de viejos contratos por otros nuevos en peores condiciones.

La precariedad laboral desestructura fuertemente el mercado de trabajo, creando nuevas categorías de trabajadores que normalmente no se ven afectadas por los convenios, se individualiza la relación laboral, al tiempo que se dan muy bajos niveles de sindicación. Todo ello ha determinado la segmentación del mercado de trabajo,  que ha llevado a una reconfiguración interna de la clase trabajadora y que supone importantes transformaciones sociales,   generando gran desprotección en amplias capas de trabajadores. En resumen se ha producido un amplio sector de trabajadores precarios. Todo esto ha provocado una perdida del poder negociador de la clase trabajadora al ser mes difícil hacer homogéneas las reivindicaciones, reduciendo su capacidad para articular colectivamente la defensa de sus condiciones de trabajo, de manera que incluso a nivel sindical, en los segmentos donde se producen más altos niveles de precarizacion  existe también una baja afiliación  Es este un difícil reto que los sindicatos, hasta ahora, no han sabido afrontar, integrando este problema en su dinámica general

¿Qué se entiende por trabajador precario? : aquellos que ven reducida su capacidad para controlar y planificar su presente y su futuro dada su situación de vulnerabilidad, que se caracteriza por :

·        Incertidumbre sobre la continuidad de la relación laboral.

·        Degradación de las condiciones de trabajo, entre ellas aquellas que puedan generar alternativas de defensa contra lo arbitrario, incluidas las tendencias a la sindicalización.

·        Insuficiencia  de ingresos saláriales

·        Reducción de la protección social.

El empleo precario genera  para las empresas  menos costos impositivos,  acceso a subvenciones publicas, evitan pago de horas extras, y refuerza la autoridad del empresario, en resumen disminuye sensiblemente la calidad del empleo. La experiencia demuestra que el empleo precario no hace disminuir el paro de una manera sensible, paro que depende de otros factores como el ciclo, estructura,  cultura económica, etc.  En el mejor de los casos a lo que se nos quiere llevar es a un “pleno empleo precario”.

Uno de los rasgos de la situación española con respecto a la

Mayoría de los países de nuestro entorno, es la baja tasa de actividad (54,3% en el año 2002), fundamentalmente por la baja tasa de incorporación de la mujer española al mercado laboral, a pesar de la evolución favorable de los últimos años. El elevado ritmo de creación de empleo (precario) de los últimos años no ha sido suficiente pare que nuestro país deje de tener el % de desempleados mas elevado de la UE.

            Las prestaciones por desempleo en España pueden tener un carácter contributivo, es decir basado en cotizaciones anteriores durante el periodo de actividad y carácter asistencial que dependen de la situación personal, este es el caso del subsidio para mayores de 52 años. Estas prestaciones, ante un desempleo de carácter estructural que no desaparece y que a pesar de la bonanza del ciclo económico se ha estabilizado en tasas del 11% según la Encuesta de Población Activa (EPA), han tendido ha hacerse cada vez más restrictivas desde mediados de los 80. Posteriormente las políticas del control de gasto hacen de estas prestaciones una de sus victimas propiciatorias. El endurecimiento de las posibilidades de percibir una prestación por desempleo, denota un  mayor protagonismo del mercado (mercantilización), en perjuicio del principio de equidad y disminuye la capacidad  de elección del puesto de trabajo. En resumen: es una manifestación más de la perdida de calidad de las relaciones laborales.

 Al establecer una relación más exigente entre el tiempo de trabajo y el tiempo de cobro de la prestación contributiva en la década de los 90, se abre una etapa claramente remercantilizadora bajo la coartada del Plan de Convergencia y que genera el famoso “decretazo”, en el que se reducen tanto la cuantia como la duración de la prestación contributiva y se endurecen las condiciones de acceso a la misma.

     Estamos de acuerdo en que hay que establecer controles para evitar la picaresca en la percepción de estas prestaciones, pero hay que denunciar aquellas opiniones, que se repiten con insistencia, tendentes a criminalizar a las victimas, tratando de presentar a los parados poco menos que como en colectivo de vagos y a las prestaciones por desempleo como un subsidio a la ociosidad y un desincentivo a la búsqueda de empleo, eludiendo, de paso, la responsabilidad del sacrosanto sistema en el problema del desempleo.

            La evolución del gasto social en protección por desempleo esta determinada básicamente por la confluencia de tres factores: numero de parados, condiciones para acceder a la prestación y cuantía de las prestaciones.

            El gasto social por desempleo ha disminuido sensiblemente desde 1993, en este año suponía  un 2,8% del PIB, pasando a 1,3% en el 2000. Esta tendencia no se justifica exclusivamente por el descenso del numero de parados, sino también  por la mayor dificultad para acceder a la prestación, en un país donde menos del 50% de ellos la cobra según la EPA. Tanto es así que el desempleo es una de las vías de pobreza, al menos de pobreza relativa, no solo por la no percepción de la protección, sino por la cuantía de estas percepciones muy alejadas de la renta media. Esto es tanto más injusto si consideramos que a partir del 99 el sistema ha generado superávit, es decir lo recaudado por cotizaciones ha sido superior al monto de las prestaciones, considerando incluso las bonificaciones a las empresas.

 El endurecimiento de los requisitos de acceso a la prestación, así como los periodos y cuantías reconocidas provoca una reducción de la cobertura, y un transpaso de posibles beneficiarios al área asistencial. En este sentido uno de los problemas del desempleo en España es la dificultad de incorporarse a un primer empleo de manera minimamente estable. Esto tiene su importancia de cara al gasto por desempleo, ya que hay sectores que así tienen más difícil el  derecho a la prestación, fundamentalmente mujerea y jóvenes.

            En los factores de desigualdad  ya nos hemos referido a la situación de los jóvenes. También merecen mención especial la situación de las mujeres en un sistema que esta diseñado de cara al “cabeza de familia”, por ello los beneficiarios son fundamentalmente varones a pesar de que las  tasas de paro femenino son sensiblemente superiores a las masculinas. La regulación de la participación femenina con igualdad de oportunidades que se plasma en la posibilidad de compatibilizar la familia con el trabajo actúa sobre lo “realmente existente”, pero no elimina la discriminación de la mujer, mucho más si tenemos unas políticas de ayuda a la familia que son muy pobres.  Mas adelante nos referiremos a ellas. A pesar  de las políticas de apoyo al trabajo femenino la mujer sigue asumiendo mayor inseguridad general, precariedad laboral y más bajos salarios que el hombre, por lo que podemos decir  que la incorporación de la mujer al mercado laboral  ha modificado, pero esta lejos de suprimir,  la lógica de las relaciones patriarcales de la esfera familiar.

            Las situaciones conflictivas que con relación al problema del paro se han producido en otros países europeos, sorprendentemente no han tenido lugar en el nuestro con la misma intensidad a pesar del elevado nivel de desempleo, esto se ha debido en parte a la protección que ha proporcionado la esfera domestico-familiar. Al final de los 90 el 22% de los parados eran cabezas de familia  y el 52% eran hijos en este entorno, es decir la solidaridad familias ha suplido la falta de protección publica. En este sentido puede hablarse de un proceso de familiarización en la protección al desempleo. 

Por otra parta no podemos olvidar que el discurso neoliberal de culpabilizar a los propios parados de su situación ha calado en ciertos sectores de la sociedad, incluso entre los propios parados impidiendo una toma de conciencia del porque de su situación.

En cualquier caso, la protección al desempleo ha respondido más a una estrategia de evitar conflictos que a una intención de protección y redistribución de recursos.

            En resumen podemos decir que España no solo es un país con un alto nivel de contratos precarios, sino también de baja calidad de empleo debido al nivel salarial y desprotección que llevan implícitos dichos contratos. Igualmente con un bajo nivel de protección social a pesar de las voces que continuamente tratan, sin demostrarlo, de hacernos creer lo contrario. En este sentido, la experiencia indica, y no solo en España, que la precarizacion del empleo no soluciona el problema del paro, fundamentalmente aquel que tiene un carácter estructural. Finalmente hay que decir que la falta de seguridad en el empleo hace ineficientes las inversiones en lo que se ha dado en llamar “capital humano”, y esto es uno de los factores que determinan la baja productividad del sistema productivo español, de la que tanto se habla últimamente como uno de los factores más negativos de nuestra economía.