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Movimiento
Internacional por la Democratización de los Mercados Financieros
y sus Instituciones
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OTRO MUNDO ES POSIBLE,
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OTRO ARAGÓN
TAMBIÉN.
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3.5- Ultimas redes de protección
( exclusión)
Los Servicios Sociales
de las ultimas redes de protección afectan a cuantas personas no llegan a
alcanzar otras redes mas altas de seguridad social, se caracterizan por la
atención personalizada a los beneficiarios y están orientados a
ciudadanos manifiestamente vulnerables. En nuestro país de estas
funciones se ocupa el INSERSO o sus homólogos en las Comunidades Autónomas.
Los
Servicios Sociales se generan de la mano de la industrialización. Los
antecedentes más inmediatos aparecen en aquellas sociedades donde crece
la proletarización, y las concentraciones urbanas. En
España y durante el régimen
anterior, se basaban en la acción benéfica, fundamentalmente
religiosa y no se financiaba por impuestos, sino a través de la caridad y
del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. De la mano de
CARITAS se introdujo una nueva concepción de la asistencia social, mas crítica
con la injusticia y con ideas
que no diferían mucho de las de la izquierda europea, que también estaba
cuestionando los procedimientos tradicionales de asistencia social.
Poco a poco surgen nuevas ideas y crece la profesionalización y
responsabilidad publica de los servicios, descendiendo su carácter
religioso, por lo que podemos hablar de la existencia de un modelo
”oficioso” de Servicios Sociales, en el que la justicia social es
prioritaria y se va exigiendo que estos servicios sean públicos bajo
responsabilidad de gobiernos elegidos democráticamente y bajo el control
de los ciudadanos. Desde
los últimos años del franquismo hasta los primeros de la democracia, la
idea de que era necesario desarrollar un sistema de Servicios Sociales de
ámbito universal y publico fue homogénea en la cultura de izquierdas, e
influyó de manera decisiva en la legislación. Ya en democracia la
necesidad de alejar los Servicios Sociales de la función benéfico–asistencial
dirigida a los pobres fue ganando terreno. No obstante la intención de
promulgar una ley nacional al respecto fracasa ante la rapidez de algunos
Gobiernos Autonómicos para
darse una legislación propia. Así pues la elevada descentralización política
y las limitaciones presupuestarias han influido en que no haya una ley
general en este ámbito. El
gasto publico en Servicios Sociales
a lo largo de los años 80 se
incrementó de manera notable y hoy contamos con
una red inexistente al acabar el franquismo. Durante los años 90
las fuertes restricciones presupuestarias han llevado a congelar, incluso
a disminuir, el gasto social en este sector, por ello la legislación
actual no garantiza un régimen de derechos subjetivos, ni la igualdad de
acceso, ni se ha acabado por enterrar la dimensión benéfica y hay que
constatar que se ha debilitado la pretensión de contar con una red
servicios mayoritariamente públicos y bien dotados, que nos hicieran
converger con la media de los países de la UE. Como
ya se ha dicho, el proceso es mas bien
el contrario, de manera que organizaciones de iniciativa social,
muy activas en este sector, han
de buscar recursos en medios privados, lo que puede ser interpretado como
una cierta delegación de responsabilidades publicas. Hay quien considera
que las actuaciones del llamado “tercer sector” deberían de estar
limitadas al fomento de un limitado numero de actividades y no convertirse
en una importante vía de gestión de los Servicios Sociales, ya que así
podrían llegar a ser un instrumento mediante el cual, los poderes públicos
transformarían en una oferta
discrecional lo que debería de ser un derecho garantizado a la ciudadanía. Las
desigualdades en
lo que a Servicios Sociales se refiere aunque se han atenuado no han
desaparecido , la descentralización política y el no contar con una ley
general al respecto, conlleva importantes desigualdades territoriales. Los
gastos por habitante son mayores cuanto más ricas son las comunidades. No
obstante no podemos olvidar que tan importante como esto
son las desigualdades dentro de cada comunidad. Respecto
a las desigualdades de genero, no cabe duda que el crecimiento de los
Servicios Sociales ha facilitado el que la mujer pueda tener un mayor
control sobre su propia vida. Pero esto es así solo
de manera limitada, dada la precariedad de algunos de estos
servicios, como ya hemos señalado. La
creciente exigencia de copago por los servicios, y la escasa oferta de
servicios especializados públicos, deja a amplias capas de la población
sin posibilidad de cobertura, dado que, por otra parte, no tienen medios
suficientes para recurrir al mercado privado. Las
rentas mínimas de inserción (RMI) son
un componente importante de las ultimas redes de protección social,
tienen carácter asistencial y en general corren a cargo de las
Comunidades Autónomas., su propósito es facilitar rentas periódicas de
subsistencia y ayudas económicas concretas a aquellas personas de extrema
necesidad y favorecer su inserción social y laboral. Según
el Consejo Económico y Social, “el sistema de RMI sigue careciendo de
coordinación y esta generando desigualdades en función del territorio de
aplicación. Todo ello apuntaría a la necesidad de abordar una regulación
de contenidos mínimos de las RMI, con un compromiso financiero entre
Estado y las corporaciones locales”. El
resultado mas positivo de las políticas de RMI es que el numero de
hogares beneficiados pasa de 57.700 en 1993 a 70.000 en 1998.
El gasto en % de PIB pasa del
0,1 al 0,2 , aun así es la mitad de la media europea, y muy lejos
de los países que las han desarrollado con mas intensidad, por ello los
logros son escasos en todas las Comunidades Autónomas. En
resumen, los Servicios Sociales
presentan una notable inadecuación entre oferta y demanda, además de una
falta de coordinación entre las distintas administraciones publicas.
Estas disparidades tienden a reproducir las desigualdades de renta. A
pesar de estas limitaciones hemos dejado atrás la etapa en que estos
servicios tenían un carácter residual y benéfico. Las
ultimas décadas han sido testigos de la generación de un sistema
publico de Servicios Sociales, pero también de una conciencia critica de
lo mucho que queda por hacer dado lo limitado de la cobertura de estos
sistemas de protección.
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