Movimiento Internacional por la Democratización de los Mercados Financieros y sus Instituciones
 
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3.5- Ultimas redes de protección ( exclusión)

 

 

        Los Servicios Sociales de las ultimas redes de protección afectan a cuantas personas no llegan a alcanzar otras redes mas altas de seguridad social, se caracterizan por la atención personalizada a los beneficiarios y están orientados a ciudadanos manifiestamente vulnerables. En nuestro país de estas funciones se ocupa el INSERSO o sus homólogos en las Comunidades Autónomas.

 

Los Servicios Sociales se generan de la mano de la industrialización. Los antecedentes más inmediatos aparecen en aquellas sociedades donde crece la proletarización, y las concentraciones urbanas.

 

 

En España y durante el régimen anterior, se basaban en la acción benéfica, fundamentalmente religiosa y no se financiaba por impuestos, sino a través de la caridad y del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. De la mano de CARITAS se introdujo una nueva concepción de la asistencia social, mas crítica con la injusticia  y con ideas que no diferían mucho de las de la izquierda europea, que también estaba cuestionando los procedimientos tradicionales de asistencia social.  Poco a poco surgen nuevas ideas y crece la profesionalización y responsabilidad publica de los servicios, descendiendo su carácter religioso, por lo que podemos hablar de la existencia de un modelo ”oficioso” de Servicios Sociales, en el que la justicia social es prioritaria y se va exigiendo que estos servicios sean públicos bajo responsabilidad de gobiernos elegidos democráticamente y bajo el control de los ciudadanos.

 

Desde los últimos años del franquismo hasta los primeros de la democracia, la idea de que era necesario desarrollar un sistema de Servicios Sociales de ámbito universal y publico fue homogénea en la cultura de izquierdas, e influyó de manera decisiva en la legislación. Ya en democracia la necesidad de alejar los Servicios Sociales de la función benéfico–asistencial dirigida a los pobres fue ganando terreno. No obstante la intención de promulgar una ley nacional al respecto fracasa ante la rapidez de algunos Gobiernos Autonómicos  para darse una legislación propia. Así pues la elevada descentralización política y las limitaciones presupuestarias han influido en que no haya una ley general en este ámbito.

 

 

El gasto publico en Servicios Sociales a  lo largo de los años 80 se incrementó de manera notable y hoy contamos con  una red inexistente al acabar el franquismo. Durante los años 90 las fuertes restricciones presupuestarias han llevado a congelar, incluso a disminuir, el gasto social en este sector, por ello la legislación actual no garantiza un régimen de derechos subjetivos, ni la igualdad de acceso, ni se ha acabado por enterrar la dimensión benéfica y hay que constatar que se ha debilitado la pretensión de contar con una red servicios mayoritariamente públicos y bien dotados, que nos hicieran converger con la media de los países de la UE.

 

 Como ya se ha dicho, el proceso es mas bien  el contrario, de manera que organizaciones de iniciativa social, muy activas en este sector,  han de buscar recursos en medios privados, lo que puede ser interpretado como una cierta delegación de responsabilidades publicas. Hay quien considera que las actuaciones del llamado “tercer sector” deberían de estar limitadas al fomento de un limitado numero de actividades y no convertirse en una importante vía de gestión de los Servicios Sociales, ya que así podrían llegar a ser un instrumento mediante el cual, los poderes públicos transformarían  en una oferta discrecional lo que debería de ser un derecho garantizado a la ciudadanía.

 

 

Las desigualdades  en lo que a Servicios Sociales se refiere aunque se han atenuado no han desaparecido , la descentralización política y el no contar con una ley general al respecto, conlleva importantes desigualdades territoriales. Los gastos por habitante son mayores cuanto más ricas son las comunidades. No obstante no podemos olvidar que tan importante como esto  son las desigualdades dentro de cada comunidad.

 

Respecto a las desigualdades de genero, no cabe duda que el crecimiento de los Servicios Sociales ha facilitado el que la mujer pueda tener un mayor control sobre su propia vida. Pero esto es así solo  de manera limitada, dada la precariedad de algunos de estos servicios, como ya hemos señalado.

 

La creciente exigencia de copago por los servicios, y la escasa oferta de servicios especializados públicos, deja a amplias capas de la población sin posibilidad de cobertura, dado que, por otra parte, no tienen medios suficientes para recurrir al mercado privado.

 

 

Las rentas mínimas de inserción (RMI)  son un componente importante de las ultimas redes de protección social, tienen carácter asistencial y en general corren a cargo de las Comunidades Autónomas., su propósito es facilitar rentas periódicas de subsistencia y ayudas económicas concretas a aquellas personas de extrema necesidad y favorecer su inserción social y laboral.

 

Según el Consejo Económico y Social, “el sistema de RMI sigue careciendo de coordinación y esta generando desigualdades en función del territorio de aplicación. Todo ello apuntaría a la necesidad de abordar una regulación de contenidos mínimos de las RMI, con un compromiso financiero entre Estado y las corporaciones locales”.

 

El resultado mas positivo de las políticas de RMI es que el numero de hogares beneficiados pasa de 57.700 en 1993 a 70.000 en 1998.  El gasto en % de PIB pasa del  0,1 al 0,2 , aun así es la mitad de la media europea, y muy lejos de los países que las han desarrollado con mas intensidad, por ello los logros son escasos en todas las Comunidades Autónomas.

 

 

En resumen, los Servicios Sociales presentan una notable inadecuación entre oferta y demanda, además de una falta de coordinación entre las distintas administraciones publicas. Estas disparidades tienden a reproducir las desigualdades de renta. A pesar de estas limitaciones hemos dejado atrás la etapa en que estos servicios tenían un carácter residual y benéfico. Las  ultimas décadas han sido testigos de la generación de un sistema publico de Servicios Sociales, pero también de una conciencia critica de lo mucho que queda por hacer dado lo limitado de la cobertura de estos sistemas de protección.     

 

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