4- Educación.

               La política educativa en la transición, sobre todo por parte de los gobiernos del Partido Socialista, fue un intento de superar el abismo que nos separaba de los países democráticos de Europa. Como veremos, este intento no ha logrado sus objetivos más que de manera  limitada, es decir, no estamos donde deberíamos  estar, dado el  esfuerzo insuficiente que se ha hecho y se hace en educación publica.

 Hubo un primer periodo en el que el objetivo principal fue el universalizar el acceso a la educación  en condiciones de igualdad (1982-85)  un segundo periodo en que se modificaron los resortes organizativos de la dinámica universitaria.

               La estructura de nuestro sistema educativo se ha ido descentralizando progresivamente y el proceso de traspaso de competencias se puede considerar actualmente finalizado. Las CCAA están obligadas a responder económicamente a la normativa educativa desarrollada por el Gobierno Central en aquello que le compete. Existen diferencias entre comunidades, entre ellas destaca la desigual  presencia del sector privado entre unas y otras y el tratamiento que se da a esta realidad.

               En enseñanza no universitaria  el compromiso del PSOE fue extender la educación básica y obligatoria hasta los 16 años, esto obligaba necesariamente a una profunda renovación del sistema: la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) tuvo como principal objetivo la reforma de la Ley General de Educación (LGE) de 1970 y supuso la reestructuración y reorganización de los niveles no universitarios del sistema educativo, mediante la implantación de niveles y ciclos de enseñanza más acordes con los existentes en otros países de nuestro entorno, al tiempo que se corrigieron ciertas deficiencias como el vacío que se establecía entre la terminación de la EGB y la edad de comienzo de la actividad laboral (14-16 años).

 La educación primaria se inicia a los 6 años y termina a los 11, dando paso al primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Tras este ciclo, la nueva estructura  de la formación secundaria esta formada por dos etapas que requieren un tratamiento diferenciado, una primera integrada por el segundo ciclo de la ESO, que finaliza a los 16 años y una segunda postobligatoria en las edades de16 y 17 años, integrada por bachillerato o formación profesional  especifica.

               Dada la profundidad del cambio se necesitó un importante incremento del gasto, pero las dificultades de conciliar esta necesidad con el momento ideológico y económico de principio de la década de los 90 (empuje de las teorías económicas conservadoras contra todo lo que era gasto publico y más si era social, crisis económica y el “Plan de Convergencia” con su necesidad de reducción del déficit publico), forzó a que el calendario de la reforma fuese retrasándose progresivamente, rebajándose  a la vez sus objetivos. Esto supuso un menor crecimiento en la inversión en educación tanto en gastos de personal como en infraestructuras,  que afectó sobremanera al desarrollo del sistema sobre todo en el nuevo nivel de educación secundaria, lo que supuso repercusiones importantes tanto en el terreno de la eficacia como en el de la equidad, limitando buena parte del contenido progresista de la ley.

               Mención especial merece el problema generado por la inmigración, que ha sobrepasado la capacidad de respuesta del sistema, tanto en lo que respecta a adaptación pedagógica, como a la política de escolarización, evidenciando la falta de medios y determinando su concentración fundamentalmente en la escuela publica con las secuelas que esto supone.

               El gasto en educación en España apenas llega al 4,6% del PIB, incluidas las ayudas al sector privado, mientras la media de la UE es del 5,3%, según el ultimo informe da la OCDE.  Este porcentaje ha permanecido estable a partir del 93, lo que llama la atención ya que en estos años se está en pleno proceso de implantación de la reforma, que dada su magnitud, hubiese demandado un esfuerzo complementario. La comparación en el gasto por alumno con la mayoría de los países de la UE también es significativa y pone de manifiesto nuestro retraso en este campo, siendo España uno de los países que menos recursos públicos destina a educación. Por ello el gasto privado en educación de los hogares españoles es uno de los mas altos de la UE.

               Aunque el nivel de gasto publico no sea el único factor que determine la calidad de la enseñanza de un país, esta claro que es de una importancia fundamental.

               La LOGSE en su titulo V establece la actuación de los poderes públicos para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos a la educación, incluyendo un programa de becas y ayudas al estudio en el caso de la enseñanza postobligatoria. El gasto en becas se ha mantenido estable alrededor del 0,18% del PIB, cifra que, una vez mas, esta muy lejos de lo asignado por la mayoría de países de la UE: la cuantía de las becas, por termino medio,  es la mitad que las de Francia y la tercera parte que las de Holanda. En resumen, la cobertura en becas es muy escasa sobre todo en los niveles no universitarios.

               También es cuestionable el reparto de las becas ya que hogares con rentas altas reciben proporcionalmente mas becas que los de rentas bajas. Volveremos referirnos a esto mas adelante.

               Se habla mucho del fracaso escolar, un dato interesante al respecto es que aquellas comunidades con mas presupuesto en educación ( P. Vasco y Navarra) son las que menos fracaso escolar tienen, lo que pone de manifiesto que una mayor inversión en educación disminuye el problema, mas aun si se atiende a la formación del profesorado y la ayuda a los centros con mas alumnos con riesgo de fracaso.

               En resumen los defensores de la reforma se apoyaron en dos argumentos fundamentales: la necesidad de prolongar la escolarización hasta los 16 años y el acercamiento a los países mas desarrollados de Europa, aunque esto ultimo no parece se haya podido lograr por falta de recursos suficientes.

               La enseñanza concertada tiene su precedente en la LGE, en la que se establece la gratuidad de todos los centros estatales y no estatales de EGB y FP de primer grado. En la actualidad se establecen conciertos que se renuevan por periodos de cuatro años. Los centros concertados pueden incrementar sus ingresos con contraprestaciones derivadas de actividades complementarias, siempre y cuando lo apruebe la CCAA correspondiente. Se estima que este apartado aporta el 20% de la financiación de estos centros.

Durante la etapa franquista y en la primera transición en la enseñanza obligatoria se generalizó la practica de subvencionar ampliamente los centros privados, sin establecer criterios claros de acceso a las subvenciones. El gobierno socialista de1982 introdujo cambios sustanciales en esta situación.

               Entre las finalidades de la política de conciertos está la de pretender garantizar el que las condiciones en que se realiza el proceso educativo sean iguales en la enseñanza publica y en la publica concertada.

               Entre 1981 y 95 hay una pérdida de peso del sector privado, a partir del 95 un incremento. Actualmente y de manera aproximada, podemos decir que 2/3 de los alumnos van a la escuela publica y 1/3 a la concertada. Las CCAA con mayor PIB per capita son las que cuentan con mayor representación del sector privado, lo cual no deja de ser significativo.

               Hay que señalar que el sistema de conciertos ha tenido un alcance limitado al beneficiar fundamentalmente a los grupos de rentas medias, a pesar del esfuerzo del Ministerio (en al caso del PSOE) por incrementar el acceso a estos centros de los grupos de menor renta.

               El PP, en consonancia con las nuevas teorías económicas  conservadoras, ha desviado una mayor cantidad de gasto publico hacia la enseñanza privada en detrimento de la publica. Esto ha favorecido la polarización privado-publico dando mayor protagonismo al mercado, lo que podría entenderse como un impulso en el camino hacia una mayor privatización.

               En cualquier caso y de manera general, seria necesario un mayor control sobre estos centros que se gestionan con dinero publico, para evitar que se conviertan en un mecanismo más o menos sutil de subvención a iniciativas privadas, y de manera particular en aquellos aspectos como los criterios de selección de alumnos que son claramente discutibles e insolidarios,  por ello a la red publica se derivan los casos más difíciles y que requieren mas recursos, esto  lleva a pensar a algunos ciudadanos que el sistema publico es más ineficiente lo que no es cierto. Las maneras de atacar al sistema publico pueden ser múltiples y no siempre evidentes, esta puede ser una de ellas.

               En enseñanza universitaria  la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1993 inicia un proceso de reforma de la Universidad y de la enseñanza superior. Se fijan ocho años para la duración de la reforma y para el fomento de la investigación.

               Las universidades financian sus actividades con tres tipos de fondos: las tasas de matriculas, las subvenciones publicas y otros fondos públicos y privados como donaciones, venta de servicios etc. Así pues la enseñanza superior tiene un doble sistema de financiación (Estado y tasas). Las tasas se han incrementado, pero hay que constatar que solo la financiación por parte de la administración puede mantener la calidad de la Universidad si queremos un sistema justo basado en el principio de igualdad de oportunidades según el mandato constitucional.

               Un detalle importante es el incremento del numero de estudiantes universitarios. En las dos ultimas décadas, se paso de aproximadamente 658.000 alumnos en al curso 79-80 a 1.834.000 en el curso 99-2000, lo que permite corregir el grave déficit de titulados universitarios que había caracterizado a la población activa española. Hay que destacar que una parte importante de este incremento se debe a la mayor incorporación de la mujer a la enseñanza superior.

               El gasto en enseñanza superior  con relación al PIB, incluida la investigación,  es del 1%, lejos de los países de nuestro entorno (1,33%). Según algunos estudios el % dedicado en España a educación superior debería de ser al menos un 1,4 del PIB para el número actual de estudiantes. Dado que esto no ha sido así, el problema se ha resuelto, por una parte, por la vía del abaratamiento de costos: aulas masificadas, escasos servicios, bajo nivel de investigación, etc., y por otra, incrementando las fuentes de financiación privadas: incremento de tasas, formación continua, donaciones, etc.

               En lo que a ayudas económicas a universitarios se refiere estas suponen un 10% del presupuesto para educación universitaria (21% es la media de la UE). YA nos hemos referido al poco equitativo reparto de las becas, esto se manifiesta de igual manera en la enseñanza superior y es posible por la pervivencia del fraude fiscal y la ocultación de ingresos, que en determinadas capas de la población se sigue produciendo. Es, pues, evidente que el criterio  de asignación de becas no funciona bajo principios redistributivos. Las clases populares inciden mucho menos en llevar a sus hijos a la universidad y no parece que las ayudas contribuyan de manera sensible a invertir esta dinámica.

Otra manera de ayuda es la de préstamo-renta, ayuda poco extendida en España dado que las condiciones de devolución  de los prestamos son mucho más gravosas que en otros países europeos.

               En cualquier caso la cuestión sería: ¿hasta qué punto el sistema educativo en general y el universitario en particular ofrece una igualdad de oportunidades?. Si consideramos que todo español debería  poder acceder al máximo de educación, siendo su única limitación su capacidad o su deseo hay que reconocer que hemos avanzado, pero más allá de apreciaciones subjetivas y si nos atenemos a los datos objetivos aun nos queda camino por recorrer.

               Resumiendo, en el campo de la educación con la llegada de la democracia se ha avanzado sensiblemente, aunque preciso es reconocer que el punto de partida era precario. No obstante no estamos cerca de las expectativas que se generaron con el primer gobierno del PSOE, ni de  cumplir el mandato constitucional y por supuesto, en algunos aspectos, lejos de los niveles de la mayoría de los países de la UE, y  las perspectivas no parecen ir en la dirección de solucionar este problema.

               La población adulta española cuenta con un nivel de formación sensiblemente inferior  a la media de la UE, sobre todo en lo que a estudios secundarios se refiere. El 40% de los jóvenes en al año 2001 solo tenían educación obligatoria (el antiguo EGB), cuando en la UE es el 23%. En cualquier caso se puede decir que en cuanto a calidad se refiere, los resultados están en consonancia con el gasto por alumno, que en primaria es el 81% de la zona euro, y en secundaria el 75%.

               Es necesario incrementar la igualdad de oportunidades de manera general entre niveles de renta, y en particular entre comunidades y entra la enseñanza publica y la privada y para ello habría que revisar la política de conciertos que hoy por hoy no es solo un mecanismo de provisión publica de educación, sino una manera sutil de subvencionar la iniciativa privada. En este sentido las políticas del PP han prescindido por completo de tratar de compensar las desigualdades sociales. El énfasis puesto engañosamente en la “calidad” oculta políticas que tienden a la segregación del sistema educativo.

               Se habla mucho de la perdida de productividad de nuestra economía, en este tema como en otros todo se queda en retórica. Dado que se reconoce que la educación es una inversión de futuro y que la formación y la investigación son la base de esta productividad, poco se hace por dotar de mas medios y racionalidad a la estructura educativa en España. Por ello podemos decir que la economía española utiliza la educación en menor medida que sus competidores. Esto es tanto mas grave si se considera que las grandes empresas españolas solo gastan el 1,5%  de su masa salarial en formación mientras que la media europea ronda el 6%.

               Finalmente señalar que seria necesario un gran debate sobre nuestro sistema educativo, problemas como  la falta de medios, la desmotivación del profesorado, la brecha entre la publica y la privada, la pervivencia de las desigualdades, la poca atención a situaciones especiales como la inmigración, entre otros, hacen necesario el replanteamiento de muchas cuestiones fundamentales, de lo contrario la escuela publica corre el peligro de convertirse en una escuela para los sectores sociales mas modestos, con las importantes secuelas negativas que esto puede generar. Hay que estar vigilantes ya que esto es al fin y al cabo, lo digan o no, es lo que pretenden   los conservadores amparándose en las teorías económicas que dan primacía al mercado.